El Pleno del Parlamento de Andalucía se enfrentará el jueves a un debate sobre una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular, en la cual se exige a la Administración del Estado que corrija su política con respecto al sector agrícola y ganadero, en particular en relación con el Plan Estratégico de la PAC, y se solicitan medidas de compensación económica para los agricultores y ganaderos por las pérdidas sufridas durante la implementación de dicho plan.

El Partido Popular busca que el Pleno exprese su rechazo a la gestión deficiente del Gobierno de España en el diseño de esta política comunitaria, argumentando que se ha llevado a cabo de manera unilateral y sin consultar ni consensuar con el sector agrario andaluz ni con la Administración Autonómica. Además, se denuncia que se ha ocultado la información sobre las pérdidas económicas superiores a los 100 millones de euros sufridas por los agricultores y ganaderos andaluces.

En este sentido, la iniciativa también insta al Gobierno a iniciar un proceso de revisión del actual Plan Estratégico Nacional de la PAC en colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el objetivo de mitigar las pérdidas de ingresos de los agricultores y ganaderos andaluces, tal y como ya habían alertado la Junta de Andalucía y el sector.

Además, el PP busca que el Pleno valore el trabajo realizado por el Gobierno andaluz y en particular por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, destacando su diálogo continuo y consenso con el sector andaluz, así como las medidas adoptadas para apoyar a la agricultura andaluza, como el pago anticipado de la PAC a 195.000 agricultores y ganaderos.

En la Exposición de Motivos de la propuesta, el Partido Popular argumenta que desde la creación de la Política Agraria Común (PAC) en 1962, esta política ha experimentado importantes reformas, incluyendo la actual vigente hasta 2027 a través de un Plan Estratégico Nacional.

El Grupo Popular sostiene que el Plan Estratégico Nacional ha sido implementado sin negociación política y ha perjudicado al sector agrícola de Andalucía al no tener en cuenta su realidad, por lo que se insiste en la necesidad de una mayor flexibilización de la PAC por parte del Gobierno de España para adaptarse a la realidad productiva de la agricultura y ganadería andaluzas.

Se señala una pérdida anual de 100 millones de euros al pasar de 1.440 millones recibidos en 2022 a 1.332 millones en 2023, lo que suma un total de 500 millones durante todo el periodo de aplicación de la reforma, según cálculos de organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas, lo que se considera una gran injusticia para el sector agrícola y ganadero de Andalucía.