En Sevilla, el 10 de diciembre, se ha desatado una controversia política que pone de relieve las dinámicas internas del PSOE-A. En esta ocasión, el Partido Popular de Andalucía (PP-A) ha solicitado al secretario general del PSOE-A y líder del Grupo Socialista, Juan Espadas, que aclare la decisión de contratar un bufete de abogados en el que trabaja su hija para presentar una denuncia en relación a los polémicos contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, lanzó duras críticas hacia Espadas, sugiriendo que la tendencia del líder socialista a favorecer a su entorno familiar es algo que se ha convertido en habitual. Martín hizo mención a la acusación de nepotismo, recordando que anteriormente la esposa de Espadas fue colocada en un puesto en la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), lo que, según él, continua alimentando su reputación de “barrer para casa”.

El portavoz del PP también subrayó que, a diferencia de lo que se podría pensar, la denuncia presentada sobre los contratos del SAS no es financiada por el partido socialista, sino que utiliza recursos del Grupo Parlamentario Socialista, provenientes de los fondos públicos del Parlamento de Andalucía. Según Martín, esto levanta interrogantes sobre el uso del dinero público para fines personales dentro de este contexto político.

Martín expresó su interés en saber cuánto de ese dinero del grupo se destina al bufete de abogados en el que trabaja la hija de Espadas y cuestionó si los demás miembros del Grupo Parlamentario Socialista estaban al tanto de que el abogado encargado de la defensa provenía de dicho despacho familiar. Estas preguntas, argumentó, surgen en un clima de división interna dentro del grupo socialista, donde algunos diputados sienten que están siendo manipulados por el liderazgo de Espadas.

Por el otro lado, Ángeles Férriz, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, defendió la decisión ante los medios, afirmando que el grupo socialista ha elegido a "los mejores penalistas" para representar su querella. Férriz insistió en que el contrato se financia con los recursos del PSOE, y no afecta a los fondos públicos, por lo que, a su juicio, no se presenta un conflicto de intereses por la participación de la hija de Espadas en el despacho contratado.

La portavoz del PSOE-A trató de despejar las dudas respecto a la legalidad de la contratación, indicando que se trata de un acuerdo privado. No obstante, cuando fue cuestionada sobre el costo de los servicios legales, Férriz evitó proporcionar detalles y sugirió a los periodistas que contactaran directamente al despacho para obtener información sobre los honorarios, reafirmando su postura de que no existe ninguna irregularidad en este asunto.