SEVILLA, 23 de enero. En una reciente sesión de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, los grupos políticos del Partido Popular y Vox han manifestado su oposición a la convocatoria de un Pleno extraordinario, alegando que enero es un mes inhábil para la actividad parlamentaria. La solicitud, impulsada por las fuerzas de izquierda—Socialista, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía—tenía como objetivo permitir que el Consejo de Gobierno se presentara para explicar el cese de la interventora general de la Junta, así como los problemas que han surgido en la tramitación de la segunda edición del Bono Alquiler Joven.

La solicitud de comparecencia en cuestión requería la presencia de dos consejeras: Carolina España, titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y Rocío Díaz, responsable de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Esta petición conjunta de la izquierda se produjo en respuesta a la reciente decisión del Consejo de Gobierno, el 7 de enero, de relevar a la interventora general Maria Antonia González Pavón, quien fue sustituida por Miguel Ángel Figueroa Teva.

Los grupos de izquierda sustentaban su demanda en la necesidad de aclaraciones de Carolina España, particularmente debido a que González Pavón había señalado en sus informes la existencia de irregularidades en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), un tema que actualmente se encuentra bajo investigación judicial. Este señalamiento había generado inquietud y rechazo entre los colectivos de la oposición.

Por otro lado, respecto a la segunda edición del Bono Alquiler Joven, una ayuda económica que otorga 250 euros mensuales a los beneficiarios, los grupos opositores requirieron explicaciones sobre las dificultades que enfrentan los solicitantes para acceder a la plataforma de la Junta que gestiona dichas ayudas. Según la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, era crucial que el Gobierno compareciera y proporcionara aclaraciones sobre estos temas que, a su juicio, son de gran gravedad.

Férriz subrayó que el cese de González Pavón y las irregularidades relacionadas con los contratos del SAS estaban en el centro de las menciones a la corrupción en la gestión del Gobierno de Juanma Moreno. Ella destacó que “todos los gerentes bajo la administración del señor Moreno Bonilla están ahora bajo investigación”, haciendo hincapié en que la denuncia original había sido presentada por su partido.

La portavoz socialista insistió en la existencia de dieciocho informes que detectan procedimientos irregulares en las contrataciones relacionadas con el sector de la salud, afirmando que esto no es un argumento infundado, sino un hecho documentado por los empleados públicos de la Junta. Según su testimonio, el Gobierno ha abusado sistemáticamente de contratos menores, desaprovechando las oportunidades de una gestión más transparente y justificada.

Férriz indicó también que la interventora general comunicó a sus colegas que no abandonaba su puesto por razones personales, sino por haber perdido la confianza en el actual Gobierno. Esto resalta la necesidad de que se presente la consejera para explicar la situación actual.

Asimismo, respecto al Bono Alquiler Joven, la portavoz socialista cuestionó la falta de inversión de la Junta, señalando que el aporte económico proviene casi en su totalidad del Gobierno de España, lo que plantea dudas sobre la verdadera capacidad de gestión de la Junta en cuestiones relacionadas con la vivienda.

Por su parte, el portavoz del PP en Andalucía, Toni Martín, manifestó su asombro ante la solicitud de un Pleno extraordinario para discutir lo que calificó como un "hecho natural" en la administración pública, refiriéndose al cambio en la Intervención General. Según su criterio, la transición de cargos es una decisión legal que puede tomarse libremente, y curiosamente criticó la percepción de "escándalo" que han generado sus opositores en este contexto.

Martín recordó que durante administraciones anteriores del PSOE-A, los ceses de interventores eran considerados cuestiones normales y no motivo de alarma. En cuanto al Bono Alquiler Joven, se mostró satisfecho al afirmar que hasta el momento no han habido problemas significativos en el proceso de solicitud, indicando que aproximadamente 8.600 jóvenes se han beneficiado de esta segunda convocatoria, pues el sistema informático ha funcionado adecuadamente.

El portavoz mencionó además que Andalucía ha recibido la mitad de la financiación que tuvo en la primera convocatoria, con una disminución notable en el número de beneficiarios, lo que pone en tela de juicio la efectividad de esta política de apoyo de la Junta.

Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, argumentó que aunque enero sea un mes inhábil, esto no excluye la posibilidad de habilitar sesiones para tratar asuntos relevantes. Expresó la necesidad de que el Gobierno andaluz se pronuncie sobre los crecientes problemas que enfrenta la ciudadanía, específicamente señalando el cese de la interventora, que a su juicio evidencia una clara falta de transparencia y corrupción en las contrataciones del SAS.

Desde el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García señaló que el Parlamento no puede estar cerrado ante situaciones que afectan directamente a los ciudadanos, como son la sanidad y la vivienda. Hizo un llamado al Gobierno para que, si no hay nada que ocultar, convoquen un Pleno para abordar estas inquietudes de manera clara y directa.

García agregó que, aunque no se puede asegurar la existencia de corrupción, es evidente que los contratos de emergencia en el área de salud están bajo investigación, lo que requiere respuestas por parte del Gobierno. También se refirió a la gestión del Bono Alquiler como un "desastre" que necesita explicaciones inmediatas.

Finalmente, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, cuestionó la versión oficial del Gobierno sobre el cese de la interventora, insinuando que podría haber motivaciones detrás de su salida debido a sus informes sobre contratos de emergencia. En cuanto al Bono Alquiler Joven, sugirió que el debate debería abarcar el problema general de la vivienda, criticando la gestión del Ejecutivo de Moreno como ineficaz y desinteresada.