En un vibrante debate en el Parlamento andaluz celebrado este jueves, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, del Partido Popular Andaluz (PP-A), se vio envuelta en una ríspida confrontación con los diputados del Grupo Socialista. El epicentro de la disputa gira en torno a la gestión de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la grave crisis provocada por la pandemia de Covid-19. Acusaciones de "corrupción" por parte del PSOE-A contra la Junta fueron respondidas con una férrea defensa de la representante del Gobierno, quien recordó los tiempos en los que los socialistas estaban en el poder y los informes relevantes eran supuestamente ignorados.

El enfrentamiento se desató en una sesión de control en el Pleno del Parlamento, donde los diputados socialistas Josele Aguilar y María Márquez interrogaron a la consejera sobre las adjudicaciones de emergencia del SAS en el contexto de la crisis sanitaria. Aguilar no escatimó en reproches, enfatizando que el Gobierno de Juanma Moreno había ignorado una instrucción del entonces director general de Contratación, que dejaba claro que no era aceptable continuar con tales contratos de emergencia desde mayo de 2021, advirtiendo que esta práctica se había extendido incluso hasta el año 2024.

Aguilar denunció que la Junta de Andalucía había establecido un mecanismo "ilegal e irregular" para desviar millones de euros de la sanidad pública hacia el sector privado, utilizando para ello contratos de emergencia. El diputado socialista aseveró que este proceder había sido ejecutado a dedo, sin la debida transparencia o concurrencia, un hecho que él calificó como un ataque directo a la integridad del sistema sanitario público.

Ampliando su crítica, Aguilar argumentó que en octubre de 2020, la Junta había eliminado controles esenciales para la gestión de estos fondos, lo que, según él, permitía desviar recursos sin necesidad de explicar su destino. El representante del PSOE-A subrayó que el Gobierno del PP-A había perpetuado esta forma irregular de contratación durante varios años, lo que constituía una grave violación de la confianza pública.

El diálogo se tornó aún más intenso cuando Aguilar planteó que las investigaciones en curso por parte de la justicia, deriva de una denuncia presentada por su grupo, no eran más que un intento erróneo de minimizar la magnitud del problema. La consejera España, ante estas acusaciones de corrupción política, no dudó en rechazar categóricamente la caracterización de lo ocurrido como un "fake", insistiendo en que las alegaciones eran muy serias.

La respuesta de la consejera fue detallada, argumentando que la Intervención General es un órgano autónomo, con la capacidad de emitir informes sobre la gestión de los contratos de emergencia. Carolina España defendió que los informes cuestionados eran elaborados por la Intervención Central del SAS y que este organismo era el responsable de implementar las recomendaciones contenidas en ellos. Aseguró que hasta la fecha, no había informes que detectaran irregularidades que exigieran elevar la situación al Consejo de Gobierno, indicando que se han tomado en cuenta las recomendaciones realizadas.

Además, España criticó abiertamente al PSOE por supuestamente haber guardado informes importantes en "cajones" en su tiempo en el Gobierno, refiriéndose a un caso de 2009 donde, según ella, se ignoraron denuncias del propio ente interventor. En esta línea, la consejera aseveró que el presente Gobierno no solo cumple con la ley, sino que también ha trabajado para fortalecer los controles en la gestión pública, aludiendo a la creación de nuevos cuerpos técnicos de auditores.

El clima de confrontación continuó cuando María Márquez, también del PSOE, intervino posteriormente en la sesión, cuestionando la veracidad de las afirmaciones de España en relación con el archivo de las denuncias presentadas por su grupo. La parlamentaria socialista insinuó que la consejera había faltado a la verdad al afirmar que todas las denuncias habían sido desestimadas, haciendo hincapié en las investigaciones que siguen en curso en la justicia sobre contratos de emergencia, incluso después de que la crisis sanitaria había declinado.

Márquez acusó al Gobierno andaluz de una “indecencia” al argumentar que habían utilizado los contratos de emergencia para “salvar vidas” y exigió que la consejera ofreciera cuentas claras sobre sus acciones y decisiones en los juzgados. La respuesta de España a las críticas fue insistente: los contratos de emergencia habían finalizado en mayo de 2023, antes del fin de la crisis sanitaria oficial, y todos contaban con respaldo jurídico que demostraba su correcta gestión para "proteger a nuestros profesionales y salvar vidas".

La consejera, cerrando su intervención, volvió a centrar la atención en el pasado reciente de los socialistas en el Gobierno, sugiriendo que el PSOE-A debió haber implementado controles más rigurosos durante su propia administración para evitar casos de corrupción. “Nosotros aumentamos los controles, mientras ustedes desarrollaban procedimientos para eludirlos”, concluyó, lanzando un dardo a la oposición sobre cómo el pasado Gobierno permitió la corrupción que finalmente terminó por costarles su salida del poder.