En Córdoba, el pasado 19 de noviembre, el ambiente se encuentra agitado entre los regantes de las provincias de Córdoba y Sevilla. La asociación Feragua, que representa a la enorme mayoría de ellos dentro del Sistema de Regulación General de la Cuenca del Guadalquivir, ha hecho un anuncio que podría tener repercusiones significativas en la gestión del agua en la región. Este martes, en una rueda de prensa, el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, ha manifestado que los regantes se están preparando para realizar un "plante fiscal masivo" en respuesta al canon que se les ha propuesto para 2025, en relación a los embalses de La Breña II y Arenoso.

El descontento de Cepeda no se ha hecho esperar, quien califica la propuesta como "disparatada", comparándola con un "bulo" que, aunque suena increíble, es completamente real. Según él, este aumento en las tarifas representa una "tomadura de pelo" para los agricultores que dependen de estos recursos hídricos, y ha dejado claro que no están dispuestos a aceptar dicha injusticia.

Los números son alarmantes: el canon que el Estado pretende cobrar a los regantes asciende a la asombrosa cifra de 17 millones de euros. José Manuel Cepeda ha recalcado que esto es exagerado y no guarda relación con el volumen de agua que se ha distribuido en los últimos cinco años, que ha sido de una media de 70 hectómetros cúbicos. La propuesta de canon para 2025 sugiere un coste de 0,25 euros por metro cúbico, un "sablazo", según Cepeda, que es "diez veces superior" al coste habitual por metro cúbico del sistema de regulación en la región.

Lejos de dejarse intimidar, Cepeda ha criticado la "broma de mal gusto" que supone el hecho de que el canon se haya triplicado en una década, lo que él considera injustificable. Se ha preguntado cómo es posible que en 2015 el canon por el uso de estos embalses fuera de 18,86 euros por hectárea, y ahora se pretenda que el coste para el próximo año alcance los 51,50 euros, un aumento del 45% que no tiene ninguna explicación lógica.

Feragua ha presentado sus alegaciones contra estos cánones y actualmente están a la espera de una respuesta. En sus argumentos, han rechazado enérgicamente lo que consideran un aumento de tarifas injustificado en los últimos diez años, en particular el último. También han solicitado que no se aplique el IVA y que se excluyan los costos asociados a la estación de bombeo de La Breña II.

El presidente de Feragua ha subrayado que de los 51,50 euros por hectárea que se les quiere facturar, nueve euros corresponden a un IVA que consideran "ilegal" y seis euros a una estación de bombeo que, a su juicio, no les brinda ningún beneficio tangible.

La frustración también radica en la gestión del agua, que está bajo el control de una sociedad estatal, Acuaes, cuya intervención, según Cepeda, ha resultado ser "totalmente contraproducente". Esta decisión del Estado, de tratar estas infraestructuras de manera diferente al resto del sistema de regulación, ha llevado a costos considerablemente más altos, un hecho que los regantes no pueden seguir aceptando.

A esto se suma que Acuaes no opera directamente los embalses, sino que subcontrata esta tarea a una empresa privada, lo que, en palabras de Cepeda, podría evitarse si la gestión estuviera a cargo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este cambio podría reducir significativamente los costos operativos.

Los costos de funcionamiento y mantenimiento de La Breña II y Arenoso, según Feragua, rondan los 815,000 euros de media, siendo un 154% más altos que los de la gestión de la Confederación. Este desequilibrio es especialmente escandaloso cuando se considera la carga impositiva del IVA del 21%, que Feragua ha impugnado ante el Tribunal Supremo, asegurando que la ley les asiste en su argumentación.

En cuanto a los costos de la estación de bombeo, Cepeda ha descrito esta situación como un "engaño alevoso", ya que la infraestructura solo ha logrado aportar menos del 10% del agua prevista, habiendo bombeado únicamente 37 hectómetros cúbicos desde octubre de 2021, cuando podría haber llegado a 383.

La crítica se extiende a la duración del periodo de amortización de estos embalses, establecido en solo 25 años, algo que Cepeda califica de "profundamente injusto". Para él y para Feragua, es insólito que estos embalses cuenten con un plazo tan corto, lo que permite justificar el abuso en los cánones propuestos.

Ante este panorama incierto y tras meses de espera por una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente —que jamás ha llegado—, Feragua ha decidido dar un paso firme y convocar a los regantes a un "plante fiscal general". Esto significa que, a menos que se produzca una rectificación en el canon propuesto, los más de 50,000 regantes que forman parte de Feragua se negarán a pagar cuando llegue la liquidación en octubre del próximo año.

El presidente de Feragua no ha olvidado también señalar la falta de preparación ante posibles desastres naturales en muchas poblaciones rurales andaluzas, culpando a las administraciones por la parálisis en la ejecución de los nueve embalses aprobados en la planificación hidrológica.

De esos nueve, solo uno ha comenzado su construcción, aunque se encuentra detenido indefinidamente, y de las ocho restantes, ninguna ha sido licenciada o tiene proyecto concluido. Este letargo administrativo ha llevado a Feragua a calificar la situación como una "vergüenza", criticando además un "terror verde" que ha cohartado las políticas hidráulicas en España durante más de una década.

Por si fuera poco, otros proyectos, como las presas de Velillos y Cerro Blanco, han sido descartados bajo pretextos medioambientales poco claros, lo que continúa alimentando la frustración entre los regantes. La espera para la ejecución de la presa San Calixto, considerada esencial en el Plan de Prevención de Inundaciones, se alarga desde 2009 para localidades como Écija y Palma del Río, lo que pone en tensión la relación entre los agricultores y las autoridades.

Finalmente, Cepeda ha hecho un llamado urgente a priorizar "los intereses de las personas" en la formulación de políticas hídricas y ha instado a una revisión drástica de la actual gestión para permitir una tramitación más eficiente de los embalses necesarios. Su mensaje es claro: la comunidad necesita un cambio y acción inmediata para garantizar un futuro sostenible y justo para los regantes de Andalucía.