Residentes en Isla Mayor (Sevilla) sorprendidos ejerciendo caza ilegal de patos salvajes en áreas protegidas de Doñana.

Residentes en Isla Mayor (Sevilla) sorprendidos ejerciendo caza ilegal de patos salvajes en áreas protegidas de Doñana.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil están llevando a cabo una investigación sobre dos individuos de la localidad de La Puebla del Río, en la provincia de Sevilla, por presuntamente cometer un delito contra la flora y la fauna, así como resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad. Este caso ocurrió cuando fueron sorprendidos cazando de manera furtiva patos salvajes en una zona protegida del Parque Natural de Doñana, específicamente en Isla Mayor.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de noviembre, entre los ríos Guadiamar y Guadalquivir, dentro del municipio de Isla Mayor. Durante un servicio de control de actividades cinegéticas, los agentes del Seprona escucharon varios disparos que provenían de una zona protegida donde la caza está prohibida, según ha declarado la Guardia Civil en un comunicado de prensa.

Los agentes sorprendieron a dos cazadores ilegales en plena acción. Al notar la presencia policial, ambos huyeron corriendo entre la maleza. Al verse acorralados, decidieron cambiar de dirección y trataron de escapar introduciéndose en una laguna donde estaban cazando.

Una vez que los agentes identificaron a los infractores y comprobaron las armas que llevaban, los cazadores volvieron al lugar donde habían sido detectados inicialmente. En ese lugar, se encontraron quince reclamos de patos vivos utilizados para atraer a los patos salvajes, además de varias presas de caza que habían obtenido momentos antes de ser interceptados.

Los implicados podrían enfrentar cargos que podrían resultar en penas de prisión de entre tres meses y un año, además de la prohibición de cazar durante dos a cinco años, así como la privación del derecho a poseer y portar armas durante el mismo período.

Además de presentar un informe policial, los agentes también presentaron varias denuncias administrativas por violación de los artículos de la legislación medioambiental. En los casos más graves, las sanciones podrían oscilar entre los 3,001 y los 200,000 euros. Tanto las armas utilizadas para cometer los delitos penales como las piezas de caza ilegal incautadas han sido entregadas a las autoridades judiciales correspondientes.

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