HUELVA, 30 de abril.

Ruth Ortiz, madre de Ruth y José, los niños que desaparecieron trágicamente a manos de su padre, José Bretón, en septiembre de 2011 en Córdoba, ha levantado su voz para exigir que se tomen medidas reales para proteger a las víctimas de violencia familiar. En este sentido, ha declarado la necesidad de que las autoridades implementen acciones que eviten que las familias de los afectados sean nuevamente sometidas a un proceso de revictimización.

Estas declaraciones surgieron tras enterarse de que el Ministerio de Igualdad está considerando una reforma del Código Penal que podría prohibir a los agresores acusados de violencia vicaria divulgar información sobre sus casos a los medios o en libros. Esta discusión se avivó tras la controversia que rodeó la publicación del libro 'El odio' de Luisgé Martín, que aborda el caso de Bretón.

Desde el Ministerio se ha informado que están evaluando la posibilidad de incluir esta propuesta en un paquete legislativo enfocado en la violencia vicaria o dentro de un marco más amplio. Sin embargo, la implementación definitiva de esta modificación dependerá de las negociaciones actuales con los diferentes grupos parlamentarios en torno a las iniciativas derivadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Ruth Ortiz ha iniciado acciones legales para bloquear la publicación del libro mencionado, solicitando apoyo a la Fiscalía a través del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA), fundamentando su petición en la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor y otras normativas que resguardan la intimidad de las víctimas.

La editorial Anagrama decidió suspender la publicación del libro después de que la Fiscalía de Córdoba solicitará su paralización, argumentando la necesidad de proteger los derechos de Ortiz. La madre expresó cierta satisfacción ante esta decisión, aunque también reconoció que el daño ya había sido causado, agradeciendo a quienes participaron en la campaña 'En mi librería no', impulsada por una librería en Madrid para evitar la venta del controvertido texto.

En una carta dirigida a los medios, Ortiz enfatizó que no se puede otorgar voz a los asesinos para menospreciar a las víctimas, y demandó una regulación adecuada para prevenir que situaciones similares se repitan. Además, aseguró que las mujeres que buscan ayuda, especialmente las madres, lo hacen porque realmente lo necesitan.

En este contexto, la Fiscalía de Córdoba ha remitido una denuncia relacionada con un posible quebrantamiento de condena de Bretón, debido a ciertas declaraciones publicadas que, en su opinión, podrían estar revictimizando a Ruth Ortiz.

A pesar de que los tribunales inicialmente permitieron la publicación del libro, Anagrama decidió el 16 de abril dar por finalizado su contrato con el autor, afirmando que todos los derechos sobre la obra volverían al autor tras la ruptura contractual.

Por su parte, el Ministerio liderado por Ana Redondo está considerando la implementación de una pena adicional en ciertos artículos del Código Penal, que ya contemplan restricciones de proximidad y comunicación para agresores. El objetivo es evitar que los criminales puedan transmitir información relacionada con sus crímenes que pueda causar un daño adicional a las víctimas.

Según fuentes del Ministerio de Igualdad, de llevarse a cabo esta reforma, la pena recaería exclusivamente sobre el agresor, impidiendo que se comparta información sobre el caso con terceros. De esta manera, ninguna editorial o medio de comunicación podría publicar contenido relacionado con el delito, ya que el agresor estaría legalmente impedido de facilitar dicha información.