SEVILLA, 27 de noviembre.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, tomó la palabra este miércoles para defender la legalidad de todos los contratos de emergencia gestionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, asegurando que están respaldados por informes jurídicos pertinentes.

En una comparecencia en el Pleno del Parlamento, solicitada por representantes de los partidos PP-A, PSOE-A y Vox, la consejera abordó los informes de la Intervención General que examinan la contratación de emergencia del SAS en el lapso de 2021 a 2024, poniendo de manifiesto la necesidad de analizar el contexto de crisis sanitaria que rodeó dichas contrataciones.

Rocío Hernández enfatizó la gravedad de la situación provocada por el virus Covid-19, recordando cómo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, el 30 de enero de 2020, una emergencia de salud pública de significancia internacional. España, uno de los países más afectados, se vio en la obligación de reaccionar ante la ola de contagios que se disparó a partir de marzo de ese año, cuando se instauró el estado de alarma por parte del Gobierno central.

La consejera destacó que no fue sino hasta el 4 de julio de 2023 que el Ministerio de Sanidad proclamó el fin de todas las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia, una crisis que dejó un saldo trágico de casi 16.000 muertes en Andalucía, según los datos actualizados hasta el 30 de junio de 2023. Subrayó que, en esos momentos críticos, las comunidades autónomas se vieron forzadas a hacer uso de la figura del “procedimiento de emergencia”, no como una elección, sino como una necesidad imperiosa.

“Ante todo, debe prevalecer el derecho a la vida de nuestros ciudadanos”, afirmó la consejera, quien instó a la audiencia a reflexionar sobre las posibles consecuencias de no haber realizado esos contratos: “¿Cuántas vidas se habrían perdido? ¿Cuántas personas habrían quedado sin diagnóstico u operación?”

Hernández explicó que la urgencia en la contratación puede haber llevado a "defectos o imperfecciones administrativas", sin embargo, reafirmó que dichas acciones siempre se llevaron a cabo dentro del marco legal, atendiendo a las recomendaciones de los informes técnicos emitidos por las respectivas intervenciones.

Además, la consejera dejó claro que la asesoría jurídica del SAS validó las prórrogas de los contratos de emergencia a través de dos informes en fechas clave, el 28 de diciembre de 2021 y el 10 de agosto de 2022. Se llevaron a cabo un total de tres ampliaciones de la Declaración de Emergencia Única, que permitieron al SAS gestionar legalmente estas contrataciones, siendo estas fechas el 30 de diciembre de 2021, el 30 de septiembre de 2022 y el 1 de enero de 2023.

Con posterioridad a la gestión de la crisis sanitaria, que ha permitido integrar el coronavirus como una infección más entre la población, la consejera mencionó que el uso de esta modalidad de contratación ha decrecido drásticamente, siendo prácticamente nulado desde el 17 de mayo de 2023.

En 2020, la contratación de emergencia representó el 26,56% del total en la contratación pública, una cifra que se redujo al 11,17% en 2021 y continuó disminuyendo hasta un 3,41% en 2022. Para el año 2023, su uso se volvió meramente anecdótico, alcanzando un 0,9% del total de la contratación pública y destinado exclusivamente al tratamiento de pacientes oncológicos.

Además, la consejera hizo hincapié en el respaldo que brindó la Cámara de Cuentas de Andalucía a las políticas de contratación de emergencia de la Junta durante la crisis. “Todos los contratos están disponibles en el portal de transparencia de la Junta, así que cualquier ciudadano tiene acceso a ellos”, añadió.

Defendiendo la urgencia de la contratación durante la pandemia, Rocío Hernández reafirmó que la prioridad de la administración fue “atender a la población y su salud”. Argumentó que, a la luz de los hechos, la justificación para recurrir a este mecanismo es evidente, ya que facilitó la atención no solo de pacientes Covid, sino también de otras enfermedades críticas como el cáncer, Alzheimer y fibrosis quística, entre otras, además de permitir la realización de pruebas diagnósticas y mantener las coberturas de vacunación.

Para concluir su intervención, la consejera reiteró que todos los contratos de emergencia del SAS fueron realizados dentro del contexto de la crisis sanitaria y estaban respaldados por informes jurídicos apropiados. Subrayó que, aunque el Gobierno de España declaró el fin de la crisis el 4 de julio de 2023, la contratación de emergencia cesó el 17 de mayo de 2023, un mes y medio antes de esa fecha, concluyendo con una firme declaración: “Se hizo lo que había que hacer, bajo el marco de la legalidad”.