La Plataforma Salvemos Doñana ha manifestado su crítica hacia la Policía Nacional por la propuesta de sancionar a "una decena" de manifestantes que protestaban pacíficamente a las puertas de San Telmo en Sevilla. Esta protesta se llevó a cabo en el contexto del encuentro entre la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el que se acordó abrir un diálogo con el Gobierno central sobre la Proposición de Ley (PDL) para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva, cerca del Parque Nacional de Doñana.

La Plataforma considera que se ha producido una "sobreactuación policial" durante la concentración pacífica, ya que los agentes la han declarado como "una concentración ilegal" y han pedido la documentación de identificación a "al menos una decena" de personas presentes para poner una denuncia correspondiente.

Según indica la plataforma en un comunicado de prensa, la concentración frente al Palacio de San Telmo en Sevilla fue realizada de manera pacífica y seria, con el objetivo de mostrar que una parte importante de la ciudadanía ha sido ignorada durante el proceso de la proposición de ley de regadíos en Doñana, pero que no quiere quedarse al margen.

Por este motivo, después de enterarse de la reunión entre los representantes de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica, se hizo un llamamiento interno para que quienes pudieran asistieran a la puerta del palacio de San Telmo para mostrar la pancarta con el lema de la plataforma: 'En defensa de Doñana'.

Además, la plataforma destaca que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se acercó al grupo al inicio y al final de la reunión, al igual que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

No obstante, los miembros de la plataforma lamentan que, después de 15 minutos, la Policía Nacional les informara de que estaban participando en una concentración ilegal y procediera a pedir la documentación de identificación a al menos una decena de personas presentes para presentar una denuncia.

"Respetando siempre a la Policía Nacional y su función, consideramos que hubo una sobreactuación. Los delincuentes que roban agua en Doñana llevan años escapando de denuncias y sanciones, mientras que aquellos que defendemos la integridad de Doñana somos sancionados. La criminalización de una reunión pacífica y espontánea como la que hicimos para mostrar la presencia de la ciudadanía es posible gracias a una bien llamada 'ley mordaza'", afirman desde la plataforma.

La Plataforma Salvemos Doñana lamenta que los denunciados tengan que pagar alrededor de 300 euros por persona. Además, denuncian que se está dañando un derecho constitucional en España y la verdadera democracia. Mientras aquellos que roban el agua, un bien común, obtienen amnistía, aquellos que defendemos Doñana recibimos multas.

En este sentido, Salvemos Doñana hace un llamado al Gobierno de España para que esta ley de protección de la seguridad ciudadana sea derogada, ya que las manifestaciones pacíficas y no violentas no son un delito, sino un derecho constitucional y una expresión de la verdadera democracia.

Por otro lado, la plataforma considera positiva y esperanzadora la apertura de conversaciones y el principio de acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España sobre Doñana. Destacan que esta situación demuestra que sin ecología no hay economía, y que la ciudadanía y la ciencia han sabido posicionarse a favor de Doñana, su agua y su gente, aunque lamentablemente sus advertencias han sido ignoradas en la toma de decisiones.

Salvemos Doñana destaca que es positivo que se haya paralizado el proceso de tramitación de la ley de regadíos en la Corona Norte Forestal de Doñana propuesta por el PP y Vox en el Parlamento de Andalucía, que continuaba a pesar de las voces en contra, incluso de las sentencias y sanciones millonarias del Tribunal de Justicia Europeo por no proteger adecuadamente Doñana.

También consideran positivo que, según les informó Teresa Ribera, se buscarán alternativas de desarrollo económico y social en el territorio, de manera que la gente sienta que Doñana les beneficia pero sin agotar sus recursos, sino más bien conviviendo con ellos. Para ello, proponen crear un equipo o comisión que trabaje en dicho objetivo.

Esta comisión debería incluir a las organizaciones ecologistas, la ciencia y otras voces discordantes que han sido ignoradas por la mayoría parlamentaria, como el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, la Unesco, la UICN o la Comisión Europea, según señala Salvemos Doñana.

Por otro lado, la Plataforma muestra su expectación ante varios interrogantes que consideran aún no han sido aclarados o definidos. En primer lugar, reafirman que no se debe declarar ninguna hectárea más como regable en el territorio de influencia de Doñana.

Además, señalan que el destino de los 356 millones de euros que el Ministerio ha anunciado que se invertirán en Doñana debe excluir cualquier proyecto que no esté destinado a la recuperación de los daños causados, la restauración y conservación de los ecosistemas, la consolidación del tejido social a través del fortalecimiento del cooperativismo y las explotaciones familiares, y la apuesta por un modelo económico que sea compatible con la conservación del Espacio Natural de Doñana, y que genere un beneficio social para su gente.

Por último, destacan que están expectantes ante el cumplimiento del Plan de la Fresa de 2014, que hasta ahora sólo se ha ejecutado en un 5%, según afirman desde la plataforma. También esperan la creación de una oficina técnica para el análisis de la situación real de las autorizaciones de agua y el posterior tratamiento de aquellos casos que no cumplen los requisitos establecidos en el Plan de la Fresa.