Las recientes disposiciones sobre la expropiación y ocupación de terrenos han generado un panorama complejo en Andalucía, afectando a diversas propiedades de entidades locales como municipios, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Puerto. Esta decisión ha sido objeto de controversia, especialmente por su relación con el nuevo tramo de la autovía metropolitana SE-40 que atraviesa localidades como Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río.
El Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Provincia han hecho eco, este martes, de la apertura del periodo de información pública por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Este proyecto incluye un puente que busca salvar el cauce del río Guadalquivir, una modificación significativa respecto a la planificación inicial, que contemplaba la construcción de túneles.
El anuncio destaca que en marzo la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes aprobó provisionalmente este trazado, con un presupuesto estimado de 688 millones de euros, IVA incluido. Se ha declarado la urgencia de la intervención, lo que fija un plazo de 30 días hábiles para recibir sugerencias y observaciones por parte del público.
En el documento se subraya que la futura aprobación definitiva del trazado conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación urgente de diversos bienes, además de la modificación de servicios y derechos necesarios para llevar a cabo la expropiación y ocupación temporal. Esto ha llevado a una minuciosa relación de terrenos y derechos que se verán afectados, abarcando propiedades de varios ayuntamientos, la Junta, la Diputación, así como del Estado y particulares.
El diseño del nuevo puente atirantado, que reemplaza a la opción de los túneles, contará con una luz libre de 70,8 metros y más de 3.600 metros de estructuras únicas, posicionándolo como uno de los puentes más destacados de España. La subdelegación del Gobierno ha enfatizado su importancia en el desarrollo de infraestructuras en la región.
Se trata de un giro significativo en la planificación de esta autovía, ya que el Gobierno central ha decidido desestimar los túneles inicialmente previstos. Después de la paralización de las obras por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, el actual gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha optado por un nuevo estudio, argumentando que los túneles originales eran inviables debido a problemas de permeabilidad del suelo.
De acuerdo con las estimaciones iniciales, la construcción del puente podría requerir una inversión considerablemente menor de unos 458 millones de euros, en comparación con los costos de más de mil millones para las alternativas de túneles. Según los planes preliminares, si todo va según lo previsto, el puente podría estar en funcionamiento para el año 2028, mientras que los túneles habrían requerido esperar hasta entre 2032 y 2036.
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