CÁDIZ, 13 de junio. La reciente operación conocida como Medicis II, llevada a cabo por la Guardia Civil en Cádiz, ha puesto al descubierto un entramado de irregularidades en el ámbito de la sanidad pública. Seis profesionales del sector, entre ellos médicos y psicólogos que ocupan cargos directivos en centros de reconocimiento, están bajo investigación por la emisión de informes psicofísicos falsificados. Estos documentos son necesarios para obtener permisos de conducir, licencias de armas y habilitaciones para actividades como la vigilancia de seguridad o la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos.

La Guardia Civil ha informado que, como resultado de esta operación, se detectaron a 21 individuos que no cumplían con los requisitos médicos para poseer una licencia de armas, cuyas autorizaciones han sido revocadas. Esto plantea serias interrogantes sobre la seguridad pública y el control de las licencias otorgadas.

Los implicados enfrentan cargos de falsedad documental y estafa, y algunos de ellos podrían ser acusados también de intrusismo profesional o usurpación de identidad. La investigación comenzó cuando los agentes de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil advirtieron anomalías en varios informes de aptitud entregados por solicitantes, los cuales provenían de diversos centros de reconocimiento en la provincia.

A través de un minucioso examen de cientos de documentos, los investigadores detectaron irregularidades que llevaron a inspecciones en los centros sospechosos. Durante meses, se mantuvieron observaciones y vigilancia en estas instalaciones, revelando que muchos informes se habían emitido sin la realización de los exámenes médicos obligatorios, lo que violaba las normativas establecidas.

Además, se ha descubierto que algunos de los profesionales investigados estaban actuando sin las credenciales necesarias, e incluso hay indicios de que las evaluaciones se realizaban sin la presencia o el consentimiento adecuado de los médicos responsables. Un caso notable involucra a un farmacéutico jubilado que estaba llevando a cabo pruebas de agudeza visual, incumpliendo el protocolo normal.

Los investigadores también recogieron testimonios de quienes buscaron reconocimiento médico, quienes afirmaron no haber sido examinados adecuadamente y que muchos facultativos no estaban presentes durante las evaluaciones. Esto sugiere que se estaban ocultando condiciones médicas que pudieran haber resultados en la no aprobación de los certificados de aptitud.

La Guardia Civil ha aseverado que estos actos no solo ponen en peligro la seguridad pública, sino que también crean una competencia desleal frente a los centros que operan legalmente, que deben seguir procedimientos más rigorosos y costosos para cumplir con la normativa.

Como resultado de las pesquisas, se estableció que en dos centros específicos se habían cometido delitos graves, lo que llevó a la investigación de seis personas: tres de cada centro, en relación con los delitos de falsedad documental y estafa, y en algunos casos, intrusismo profesional. En total, se inspeccionaron 12 centros, resultando en la detección de 14 infracciones administrativas de considerable gravedad.

Asimismo, se han identificado a 38 personas que presentaban "serias dudas" respecto a sus certificados de aptitud, lo que ha llevado a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz a requerir la validación de su estado psicofísico. Hasta el momento, de esas 38 personas, 21 han sido catalogadas como no aptas o han decidido renunciar a sus licencias antes de ser sometidas a las necesarias evaluaciones médicas.