La Audiencia de Sevilla ha tomado una decisión contundente al condenar a un individuo a siete años de prisión por su implicación en delitos de prostitución lucrativa y corrupción de menores. Este caso ha puesto al descubierto el funcionamiento de un prostíbulo donde se facilitó la explotación sexual de una joven de 17 años, a sabiendas de su condición de menor de edad y de su situación de vulnerabilidad, ya que se encontraba bajo la tutela de la Junta de Andalucía y había escapado de un centro de menores.

Una sentencia, emitida el 25 de noviembre y reportada por Europa Press, revela que el condenado, identificado como Alberto B., de nacionalidad italiana y con antecedentes penales no relevantes para este caso, tenía alquilada una vivienda en Sevilla. Este lugar, que contaba con un acceso privado y diversas habitaciones equipadas y vigiladas por cámaras, era utilizado para ofrecer "una amplia gama de servicios de prostitución femenina", los cuales eran promocionados activamente en Internet.

El informe de la sentencia detalla que el local estaba operativo las 24 horas del día y el acusado proporcionaba a las prostitutas elementos básicos como toallas, lencería, preservativos e incluso medicamentos como Viagra, junto con habitaciones especialmente diseñadas para atender a los clientes en un entorno que favorecía la prostitución.

El fallo judicial destaca que, desde hace años, el acusado había estado a cargo de este tipo de negocio y que el establecimiento estaba constantemente bajo vigilancia. Entre enero y febrero de 2021, la joven víctima, quien atravesaba un periodo crítico de su vida marcado por dificultades económicas y problemas de salud mental, accedió a una oferta de trabajo aparentemente legítima que resultó ser una trampa que la llevó a la explotación sexual.

El tribunal indica que el acusado se quedaba con el 50 por ciento de las tarifas cobradas a los clientes por los servicios sexuales de la víctima, mientras que a la joven no le abonaba ninguna cantidad por su trabajo. Este abuso de poder quedó demostrado en varios momentos en los que se permitió a la menor ocupar el local, atender las llamadas de los clientes y ofrecer servicios sexuales, a pesar de estar plenamente consciente de su juventud y situación legal.

Además, la sentencia señala que el acusado tenía información de la menor que incluyó su estatura y número de zapato, y llevó a cabo gestiones para ayudarla a recuperar su móvil, lo que muestra un grado de manipulación y control sobre su vida. Finalmente, el 9 de junio de 2021, la Policía Nacional realizó un registro en el local donde encontraron a la menor junto a otras mujeres en condiciones similares, siendo todas víctimas de la misma red de explotación.

Durante el operativo, las autoridades encontraron documentos que evidenciaban la estructura del negocio, así como registros de las transacciones realizadas con las víctimas. Sin embargo, la sentencia no encontró evidencias de agresión sexual o coerción en el consumo de drogas hacia la menor, lo que llevó a la absolución del acusado en esos puntos específicos.

En consecuencia, la Audiencia de Sevilla ha condenado a Alberto B. a tres años de prisión y una multa de 2.700 euros por prostitución lucrativa, además de obligarle a indemnizar a la víctima con 10.000 euros. Por corrupción y prostitución de menores, se le añaden cuatro años más de condena y una multa de 3.240 euros. También se ha ordenado el "cierre y clausura definitiva" del establecimiento y de su página web, así como el comiso de los bienes relacionados con el negocio delictivo.