La Guardia Civil ha informado sobre la instrucción de diligencias como investigados a nueve personas por su presunta implicación en actividades delictivas relacionadas con la comercialización ilegal de aceite de oliva. La investigación, que ha sido bautizada como Operación 'Edesia', se inició después de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición emitiera una alerta sanitaria sobre empresas que utilizarían etiquetas falsas para la venta de aceite de oliva con problemas y sin registro sanitario.

Los sospechosos son acusados de cometer distintos delitos, entre ellos: estafa, falsedad documental, violación de las normas de mercado y consumidores y contra la salud pública. La Guardia Civil, en cooperación con la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura y farmacéuticos y veterinarios de diferentes áreas, llevó a cabo la operación y descubrió que el producto ofrecido al público estaba etiquetado como aceite de oliva virgen extra cuando, de hecho, estaba compuesto por una mezcla de aceites vegetales y de orujo de oliva, conocidos como aceite lampante, que no se considera apto para consumo humano.

Los análisis realizados por el laboratorio de referencia verificaron que el producto no era lo que se afirmaba y que se estaba ofreciendo al público por medio de garrafas de cinco litros en diversas provincias, incluyendo Badajoz y Cáceres. La falta de información en el etiquetado y, en algunos casos, la ausencia de registro sanitario, evidenciaron graves defectos de trazabilidad en aras de eludir su verdadero origen. Se decretó la "no aptitud para el consumo" y se retiraron del mercado 17 marcas afectadas y más de 70.000 litros del producto.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil solicitó el apoyo del Seprona en las provincias de Córdoba y Sevilla, identificando a los distribuidores de las mercancías y el seguimiento anterior de su trazabilidad, determinando la ubicación e identidad de los productores de las mezclas, así como sus envasadores. Siete de estas personas fueron investigadas en la provincia de Sevilla por su presunta implicación en la producción, envasado y etiquetado, mientras que otras dos fueron imputadas en Badajoz por su implicación en el etiquetado y distribución. Todos ellos son sospechosos de comercio ilegal de aceite de oliva virgen extra por estafa, falsedad documental, violación de las normas de mercado y consumidores, y contra la salud pública.

En España, está prohibida la mezcla de aceite de oliva y de orujo de oliva con otros aceites o grasas de origen vegetal, según establece el R.D. 760/2021, de 31 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva. A pesar de que la UE permite que cada país decida regular la producción de mezclas de aceite dentro de su territorio nacional, España ha prohibido por ley esta práctica.