SEVILLA, 6 de noviembre. Las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO han logrado un preacuerdo con la Junta de Andalucía que promete transformar el empleo público en la región. Este acuerdo, que será ratificado en la Mesa General de Negociación Común el día de mañana, se enmarca en el desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía y busca mejorar las condiciones laborales y salariales de más de 65.000 trabajadores del sector público.

Este avance significativo es el resultado de la presión ejercida por los sindicatos en respuesta a la actual paralización del proceso y la falta de un informe económico favorable. Ante la amenaza de movilizaciones, las organizaciones han destacado la necesidad de abordar las cuestiones pendientes de negociación que se llevaban arrastrando durante meses, como se señala en un comunicado conjunto.

José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Función Local y Administración Local de la Junta, expresó su agradecimiento por la colaboración y la lealtad mostrada en las negociaciones, calificando el acuerdo como un hito histórico que representa un “salto de calidad” para la administración pública.

Los sindicatos han resaltado que este preacuerdo restablece el diálogo y la negociación, garantizando el cumplimiento de los compromisos en materia retributiva y de condiciones laborales. Tanto CSIF, UGT como CCOO han subrayado la importancia de mantener firmes los acuerdos alcanzados, sin aceptar desviaciones que puedan comprometer los avances logrados.

Entre los principales objetivos de este preacuerdo está la transformación de la administración autonómica a través de la simplificación de procesos y la digitalización de servicios. Se trata de una iniciativa que busca fortalecer el empleo público, fundamental para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía, estableciendo un modelo que prioriza el mérito, la evaluación del desempeño y la estabilidad laboral.

El preacuerdo también contempla el impulso de la promoción profesional a través de una gestión estratégica de las vacantes, anticipando las necesidades futuras de la administración. Esto permitirá optimizar los recursos humanos y subsanar los desequilibrios que puedan existir en el ámbito funcional y territorial.

Para asegurar que se mantenga el número de plantilla en los centros de trabajo, se evitará la externalización de tareas propias de la administración, especialmente en lo que respecta a la prevención de riesgos laborales. La Junta de Andalucía se compromete a establecer un modelo integral de PRL, a excepción del Servicio Andaluz de Salud, donde se contará con recursos propios.

Asimismo, el pacto prevé avanzar en la regulación de los puestos de responsabilidad dentro de la administración general, estableciendo criterios claros para la selección y evaluación que garanticen un proceso objetivo y transparente. La creación de un sistema de concursos específicos para los puestos de libre designación también se encuentra en la agenda.

Por otro lado, se acordó una reestructuración organizativa orientada a desarrollar estructuras más ágiles y eficientes, aprovechando la gestión por proyectos y eliminando duplicidades. La finalización de las negociaciones del VII Convenio Colectivo para el personal laboral está previsto antes del 31 de diciembre de 2025, y se hará énfasis en la formación continua como pilar fundamental para modernizar la administración hacia un modelo más inclusivo y eficiente.

Finalmente, el preacuerdo establece que para 2026 se restablecerán las ayudas de acción social para los empleados públicos andaluces, las cuales habían sido suspendidas en 2012. Este regreso busca apoyar a los trabajadores en cuestiones de conciliación familiar y laboral, así como en el cuidado de dependientes, contribuyendo a mejorar su bienestar general.