Granada, 7 de junio.

La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y tres meses de prisión para una pareja que gestionaba una empresa encargada de la instalación y operación de una caseta durante el Corpus de 2023 en la feria de Granada. Este matrimonio fue sorprendido con seis trabajadores realizando labores de montaje sin estar dados de alta en la Seguridad Social, lo que enciende nuevamente las alarmas sobre la protección de derechos laborales en eventos de esta magnitud.

De acuerdo con el informe de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso Europa Press, el 29 de mayo de 2023, se identificó a la empresa como responsable de tener a estos seis individuos trabajando sin los correspondientes trámites de alta laboral. El procesado, quien parece ser el encargado de la operación, es señalado como el vínculo directo con este ilícito.

Una inspección realizada por la Tesorería General de la Seguridad Social constató que esta situación había ocasionado “perjuicios económicos cuyo monto aún no ha sido determinado”. Esta realidad pone de manifiesto no solo la explotación laboral, sino también las prácticas fraudulentas que afectan al sistema de seguridad social en su conjunto.

La acusación del ministerio público se basa en la supuesta perpetración de un delito contra los derechos de los trabajadores. Uno de los empleados no era otro que el padre del procesado, quien, según el fiscal, estaba en el recinto realizando tareas de replanteo en el montaje de la caseta al momento de la inspección.

Otro de los trabajadores fue encontrado descargando paneles de un camión y manifestó no tener claro cuánto dinero recibiría por su labor. Este mismo grupo comenzó su jornada a las 9:00 horas, y uno de ellos incluso indicó que el acusado era su “jefe”. Es alarmante que todos expresaran su ignorancia respecto al salario que recibirían por su trabajo, poniendo de relieve la vulnerabilidad a la que se enfrenta gran parte de la mano de obra temporal.

Los responsables de esta situación estaban plenamente conscientes de su deber de dar de alta a los trabajadores antes de que comenzaran sus funciones, evidenciando una flagrante falta de compromiso con sus derechos básicos. Esta situación refleja una problemática que se repite en diversas actividades laborales menos reguladas y que merece atención urgente.

Los hechos serán juzgados el próximo 10 de junio por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, en un caso que podría sentar un precedente importante en la lucha por los derechos de los trabajadores en eventos públicos.