SEVILLA, 22 de octubre. - Las organizaciones sindicales CSIF, UGT, CCOO y Ustea han decidido alzar la voz en contra de lo que consideran un "retroceso inaceptable" por parte de la Junta de Andalucía en las negociaciones del VII convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General. Este convenio, que lleva vigente 25 años, afecta a cerca de 25.000 trabajadores. UGT y CCOO han anunciado protestas para hacer frente a esta situación.

La ruptura del preacuerdo que se había alcanzado de manera bilateral ha llevado a los sindicatos a abandonar la mesa de negociación. Según han expresado, el retroceso planteado por la Junta respecto al financiamiento del VII convenio colectivo no solo vulnera los compromisos adquiridos previamente, sino que también representa un grave obstáculo para mejorar las condiciones laborales de los empleados de la Junta de Andalucía.

A pesar de la falta de explicaciones por parte de la Consejería de Justicia, Administración Pública y Función Pública, que se ha limitado a referirse a su "situación compleja", los sindicatos han sido claros en sus declaraciones a Europa Press, insistiendo en que "no aceptaremos que los trabajadores del sector público lleven la carga de las malas decisiones del Gobierno andaluz".

Tras un esfuerzo considerable, las partes habían logrado un preacuerdo que integraba nuevas bases retributivas, incluyendo aspectos como la evaluación por desempeño, el teletrabajo y el desarrollo de carrera profesional. "Era un margen integral de mejora después de años de conformismo", aclararon representantes de las organizaciones sindicales.

La decisión de los sindicatos de abandonar la mesa de negociación se produce en un contexto de movilizaciones anunciadas en toda la Mesa General de Función Pública. Denuncian un "bloqueo injustificable" por parte de la Consejería de Justicia que impide revisar al alza los salarios de alrededor de 50.000 empleados de la Administración autonómica y sus entes dependientes.

Por su parte, la Consejería ha afirmado que "la negociación continúa abierta" y reafirmó su compromiso de mantener un diálogo constructivo y leal con los sindicatos, buscando acuerdos que beneficien tanto a los trabajadores como a la ciudadanía.

El acuerdo inicial, que contemplaba una inversión de 200 millones de euros para el periodo 2026-2030, incluía no solo aumentos salariales, que no se han aplicado desde 2008, sino también la recuperación de medidas de acción social para 270.000 empleados de la Junta. Sin embargo, la Junta alegó recientemente que necesitaba reasignar recursos a servicios de salud, complicando la situación para los trabajadores.

Asimismo, la Junta ha anunciado una inversión significativa para reforzar los programas de detección precoz del cáncer de mama. A este respecto, los sindicatos han manifestado que "no se puede cargar a los trabajadores con las deficiencias en la gestión de la Junta" y han calificado la decisión de "desleal".

Los sindicatos han subrayado que desde el inicio de la negociación se acordaron ciertas consignaciones presupuestarias, sin embargo, a la hora de proceder a la firma final, la Junta mostró reticencias. Esta última maniobra ha sido vista como un bloqueo completamente injustificado que contradice los esfuerzos y acuerdos alcanzados tras meses de trabajo.

Desde el departamento dirigido por José Antonio Nieto, se defiende que el diálogo con los sindicatos ha sido una constante en su gestión, lo que se refleja en la legislación de Función Pública y en otros procesos relevantes. Se sostiene que la Junta está comprometida con una modernización efectiva de la administración pública, fundamentada en principios de consenso y colaboración con los sindicatos.