Tres detenidos en Jimena (Cádiz) por defraudar más de 200.000 euros y emplear a trabajadores en situación irregular.
En un operativo policial en la localidad de San Pablo de Buceite, perteneciente a Jimena de la Frontera (Cádiz), fueron detenidos tres miembros de una familia, acusados de cometer delitos relacionados con la contratación de trabajadores en situación irregular y el fraude a la Seguridad Social por una cantidad superior a los 200.000 euros.
La investigación se inició a raíz de informes que revelaban la contratación de personal en situación irregular por parte de una empresa de mantenimiento y desbroce que operaba en varios municipios de la comarca del Campo de Gibraltar.
Tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Unidad contra las Redes de inmigración y falsedad documental (Ucrif) de la Comisaría de La Línea de la Concepción, se procedió a la detención de dos hermanos y la hija mayor de edad de uno de ellos, todos miembros de un clan familiar de origen marroquí.
El grupo delictivo se dedicaba a contratar trabajadores extranjeros, tanto regulares como irregulares, a través de diferentes empresas del sector forestal, acumulando deudas con la Seguridad Social a través de un sistema de creación de empresas sucesivas.
Estas empresas fraudulentas no pagaban las cuotas de autónomo ni los seguros sociales de los trabajadores, generando deudas superiores a los 200.000 euros que nunca fueron saldadas.
Además, se descubrió que todos los trabajadores irregulares contratados eran Solicitantes de Protección Internacional en Territorio Nacional, cuya solicitud había sido denegada, lo que les impedía legalmente trabajar en España.
Estos hechos ponen de manifiesto la vulneración de la normativa vigente en materia de extranjería y derechos laborales, destacando la necesidad de una actuación contundente por parte de las autoridades competentes para combatir este tipo de prácticas ilegales.
Es fundamental garantizar el respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su origen, así como la protección de la Seguridad Social ante posibles fraudes que afecten a su sostenibilidad y eficacia en la prestación de servicios a la ciudadanía.
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