El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha expresado su frustración hacia el sistema de financiación que afecta a catalanes, haciendo un llamado urgente a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, para que actúe y ponga fin a lo que él percibe como una injusticia estructural. Durante su intervención en el Alderdi Eguna en Vitoria-Gazteiz, Turull enfatizó que la única dirección de sus críticas es hacia el Estado y no hacia los andaluces, a quienes considera víctimas del mismo sistema.

Turull subrayó que la situación actual provoca que Cataluña pierda anualmente 22.000 millones de euros, lo cual considera un verdadero expolio. “Este dinero no regresa a nuestra comunidad, y se nos intenta presentar como un esfuerzo de solidaridad”, afirmó, lamentando que esto repercute en la capacidad de su región para ofrecer servicios esenciales a sus ciudadanos.

El líder de Junts también se refirió a la retórica en torno a cómo se utilizan esos fondos, bromeando sobre la necesidad de fondos para actividades como tener mascotas o acceder a instalaciones deportivas. “No se puede hablar de solidaridad cuando la realidad es que muchos no pueden acceder a servicios básicos”, insistió, dejando claro que este no es un asunto trivial, sino una cuestión que afecta directamente el bienestar de los catalanes.

Por su parte, María Jesús Montero respondió a las declaraciones de Turull con firmeza, argumentando que “nadie” está financiando a los andaluces y asegurando que no se permitirá que se perpetúe la idea de que Andalucía depende de subsidios. Los intercambios entre ambos líderes evidencian la tensión que persiste en el debate sobre la financiación autonómica y sus implicaciones para las distintas comunidades del país.

Ante esta situación, Turull hizo un llamado a una reconsideración del actual sistema de financiación, enfatizando que en Cataluña existe un consenso generalizado sobre la necesidad de reformarlo para asegurar un trato más justo. “Es hora de cambiar este modelo que nos niega recursos básicos”, concluyó, marcando un claro punto de vista sobre la equidad en la redistribución de recursos públicos.