SEVILLA, 29 de diciembre. En un contundente mensaje dirigido a los medios de comunicación, Toni Valero, coordinador de Izquierda Unida Andalucía, ha denunciado este domingo una alarmante realidad: los trabajadores migrantes están siendo víctimas de un racismo institucional que se manifiesta en la inacción de las autoridades frente a situaciones de precariedad extrema. Valero ha señalado que tanto la Junta de Andalucía como los ayuntamientos cuentan con recursos y competencias suficientes para erradicar el chabolismo y asegurar condiciones de vida dignas, pero han optado por no actuar.

El incidente del sábado en Lucena del Puerto (Huelva), donde un incendio arrasó 120 chabolas que servían de vivienda para migrantes temporeros, es solo un capítulo más de una historia recurrente. Valero ha enfatizado que este es el tercer incendio en el asentamiento chabolista en el transcurso del año, evidenciando así una “vulneración sistemática de los derechos humanos” en estas comunidades. Este patrón de desatención pone de relieve las condiciones inaceptables que enfrentan muchos trabajadores.

“No deberíamos considerar esto como una fatalidad, sino como una consecuencia directa del incumplimiento de los acuerdos de Doñana”, ha declarado Valero, quien evidencia que las Administraciones tanto autonómica como locales están recibiendo fondos sustanciales del Gobierno central para facilitar alternativas habitacionales, aunque estas decisiones no se han materializado en acciones concretas.

En este contexto, Valero ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, a cumplir con los compromisos establecidos en los acuerdos de Doñana, argumentando que es fundamental que Andalucía se convierta en un referente en el respeto y promoción de los derechos humanos.

El racismo institucional, según Valero, no es el único problema que enfrentan los jornaleros migrantes; también sufren explotaciones laborales cometidas por ciertos empresarios sin ética. Ha señalado que durante 2024 se han descubierto más de 15.000 empleos fraudulentos, y las inspecciones laborales han revelado un alarmante aumento del 135% en las infracciones laborales en este sector.

Con un enfoque en la provincia de Huelva, Valero ha descrito una realidad alarmante: allí conviven más de 2.000 chabolas, donde las personas sobreviven en condiciones miserables, rodeadas de basura y sin acceso a servicios básicos, incluso consumiendo agua no potable. Esta situación ha permanecido sin cambios desde que un relator de las Naciones Unidas informó en 2020 sobre la indiferencia de las autoridades hacia las condiciones de vida de los jornaleros migrantes, quienes enfrentan un trato aún más desolador que en muchos campos de refugiados.

Valero ha subrayado la importancia de la mano de obra migrante en la economía andaluza, describiéndola como “imprescindible” para el sector de la fresa en Huelva, una actividad que, además, representa casi el 8% del PIB regional. Esta contribución económica, según el líder de Izquierda Unida Andalucía, no es suficiente para justificar la falta de atención a las necesidades básicas de estos trabajadores.

El coordinador de IU ha afirmado con rotundidad que “Andalucía ha sido y sigue siendo tierra de jornaleros, sean nacionales o extranjeros”, y ha insistido en que todos ellos “merecen ser protegidos”. Expresando su indignación, Valero ha indicado que la existencia de asentamientos chabolistas debería avergonzar a un Gobierno autonómico que dice estar comprometido con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, y ha manifestado su confianza en que la sociedad andaluza se alzará en defensa de estos principios fundamentales.