El sector andaluz del taxi ha expresado su descontento tras la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de desestimar por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados de Unidas Podemos contra el decreto andaluz de 2022 que regula los VTC. Por su parte, el sector de los VTC ha celebrado esta decisión y ha solicitado la eliminación de "barreras absurdas" que afectan a su actividad.
El presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, David Capelo, ha lamentado la situación actual y ha señalado la necesidad de contar con instrumentos de regulación y un régimen sancionador para lograr una convivencia pacífica entre los profesionales de ambos sectores. Ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a hacer efectiva la convivencia con igualdad de condiciones en el servicio.
Capelo ha resaltado la diferencia en la regulación entre los taxis, que están hiperregulados, y los VTC, que carecen de normativa. Desde el sector del taxi han exigido un cumplimiento efectivo del decreto andaluz que establece ciertas limitaciones y regulaciones.
Por otro lado, desde el sector andaluz de VTC han acogido con agrado la decisión del Tribunal Constitucional y han pedido que el decreto andaluz que los regula se actualice de acuerdo a las sentencias europeas que eliminan restricciones y barreras artificiales que afectan a su actividad. Según el presidente de la Asociación Empresarial de los VTC de Andalucía, Pablo García, el sector sigue creciendo en la región y ha superado el millón de servicios al mes.
Además, el sector ha criticado la politización del conflicto entre el taxi y los VTC, señalando que la mayoría de los diputados que presentaron el recurso son de fuera de Andalucía. El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados de diversos grupos parlamentarios contra el Decreto-ley 8/2022 de la Junta de Andalucía.
En su decisión, el Tribunal ha destacado que el recurso imputaba a la norma varios incumplimientos, incluyendo la vulneración del principio de igualdad y la invasión de competencias estatales. Sin embargo, ha desestimado estas quejas y ha justificado la necesidad y urgencia de la norma para regular la prestación de servicios de VTC en el ámbito urbano.
El Tribunal Constitucional también ha descartado que la norma viole la autonomía local y ha subrayado que corresponde a la comunidad autónoma regular los arrendamientos de VTC en el ámbito urbano. En definitiva, la decisión del Tribunal Constitucional marca un hito en la regulación de los servicios de transporte en Andalucía y sienta un precedente importante para futuros conflictos entre el taxi y los VTC en la región.
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