Sevilla, 6 de noviembre. En un paso significativo para la comunidad estudiantil, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Estatuto del Becario, una regulación que beneficiará a aproximadamente 50,000 estudiantes universitarios de Andalucía. Sin embargo, los rectores de las universidades andaluzas han expresado su inquietud ante las implicaciones económicas de esta norma, destacando la necesidad de asegurar la corresponsabilidad de todas las partes involucradas, incluidas administraciones y empresas.

En declaraciones a Europa Press, representantes de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) han enfatizado la urgencia de un compromiso sólido por parte del sector empresarial y del gobierno para cubrir los costes que emergen de esta implementación. Según la AUPA y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), la sostenibilidad de las prácticas formativas, vitales para el desarrollo académico de los alumnos en España, podría verse seriamente comprometida sin dicha colaboración.

Este anteproyecto, que se había gestado durante más de dos años en colaboración con sindicatos, busca establecer un marco jurídico claro para las prácticas no laborales en empresas, bajo lo que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha clasificado como "la reforma laboral para las nuevas generaciones". Sin embargo, la falta de participación de la comunidad universitaria en su desarrollo ha generado críticas por parte de los rectores.

En respuesta a las inquietudes planteadas por la CRUE, Díaz invitó a los rectores a dialogar con los líderes autonómicos, comenzando por Madrid, para defender la adecuada financiación del sistema universitario. Este Estatuto pretende garantizar que las prácticas sirvan exclusivamente a fines formativos y que no sustituyan a trabajadores, asegurando que las personas en prácticas disfruten de derechos previamente ausentes.

La nueva normativa estipula que las empresas deberán reembolsar los gastos asociados a las prácticas, tales como transporte, alojamiento y manutención, conforme a los acuerdos establecidos. Además, se han implementado sanciones severas, con multas que pueden alcanzar hasta 225,018 euros en casos de infracciones graves, y se consideran como tales aquellas relacionadas con la discriminación por diversos motivos, así como el trato desigual en materia de igualdad.

En lo que respecta a la duración de las prácticas extracurriculares, estas no podrán exceder las 480 horas ni representar más del 15% de los créditos ECTS del programa. Las regulaciones también se aplican a prácticas vinculadas a títulos propios, con un límite combinado que no podrá sobrepasar el 25% de los créditos. El nuevo estatuto también detalla que las personas en formación tendrán derecho a acceder a los mismos espacios laborales que sus compañeros y deberán cumplir con las normativas vigentes de prevención y confidencialidad.

Los estudiantes asumirán responsabilidades como presentarse puntualmente, cumplir con sus horarios, mantener comunicación con sus tutores académicos y proporcionar la documentación necesaria. Aunque el texto aún requiere tramitación por las Cortes Generales, su futuro se presenta incierto en el actualmente fragmentado panorama político, donde persisten las tensiones entre PSOE, Sumar y el rompimiento de Junts con el Gobierno.