SEVILLA, 27 de agosto. En una reciente entrevista con Canal Sur Radio, el consejero de la Presidencia en Andalucía, Antonio Sanz, del Partido Popular (PP-A), ha expresado su desacuerdo con el nuevo decreto del Gobierno de España que, a su juicio, establece un reparto de recursos para la acogida de menores migrantes que es "sectario, irreal y excesivamente político".

Este decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, establece una proporción de 32,6 plazas de acogida por cada 100.000 habitantes para niños y adolescentes migrantes no acompañados en todo el país. Según este régimen, Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor capacidad de acogida, con 2.827, 2.650 y 2.325 plazas respectivamente.

Sanz argumentó que, aunque todas las comunidades deben mostrar solidaridad, Andalucía ha hecho su parte durante muchos años, y afirmó que "no necesitamos lecciones de solidaridad" de nadie. Resaltó que la capacidad de acogida en su comunidad alcanza casi el 100%, cuestionando por qué comunidades como Cataluña o el País Vasco, con acuerdos políticos que favorecen al Gobierno de Pedro Sánchez, no asumen una parte mayor de esta responsabilidad.

El consejero criticó la falta de recursos y apoyo económico para Andalucía mientras se le exige aceptar un número considerable de migrantes sin un diálogo adecuado por parte del Gobierno central. Sanz expresó que "Andalucía siempre será solidaria", pero demandó un trato respetuoso y una comunicación más abierta entre las autonomías y el Gobierno.

Asimismo, Sanz reiteró una crítica que su jefe, el presidente Juanma Moreno, hizo recientemente respecto a la decisión del Gobierno de declarar al País Vasco como "frontera" en cuestiones migratorias, mientras que no se aplica el mismo criterio a Andalucía, a pesar de ser la "frontera sur de Europa" y estar a solo 14 kilómetros de África.

El consejero acusó al Gobierno de actuar de manera "discriminatoria" con Andalucía y advirtió que, lo más preocupante, es que se denota que el Ejecutivo trata a los menores migrantes como "mercancías políticas". Este tipo de gestión, según Sanz, es inaceptable y requiere de un enfoque más humano que respete la dignidad de todas las personas.

Finalmente, Sanz concluyó denunciando el carácter "sectario" del reparto de recursos y sugiriendo que las decisiones del Gobierno están influenciadas por intereses políticos, señalando la contradicción de que un Gobierno con una andaluza, María Jesús Montero, en su cúpula continúe, a su entender, maltratando a Andalucía desde su posición.