Andalucía enfrenta desafíos financieros con proyección de déficit y aumento de deuda para el 2024, según la Airef.

En Sevilla, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha presentado sus previsiones para la comunidad autónoma de Andalucía en 2024. Según el informe, se espera un déficit del 0,2% del PIB y un 19,6% de deuda pública al cierre del ejercicio, con un riesgo continuo de incumplimiento de la regla de gasto.

Este nuevo informe, consultado por Europa Press, muestra un empeoramiento en las previsiones de saldo respecto al informe anterior de abril. La Airef destaca un menor importe de recursos y un mayor nivel de empleos no asociados a fondos de la UE, lo que aumenta el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto según Cristina Herrero, presidenta del organismo.

Según la Airef, el gasto computable en Andalucía aumentó un 13% en 2023, lo que sumado a las previsiones actuales de empleo para 2024, provocaría un crecimiento del gasto computable cercano al 5%, superando el límite del 2,6% vigente y comprometiendo el cumplimiento de las recomendaciones europeas.

Partiendo de estas estimaciones, la Airef destaca que un crecimiento de empleo en línea con el límite del 2,6% podría llevar a un superávit del 0,1% del PIB en la comunidad autónoma.

La comunidad autónoma de Andalucía prevé alcanzar el equilibrio en 2024 y cumplir con la regla de gasto, ajustando las previsiones de ingresos y gastos principalmente ligados a fondos europeos. Sin embargo, existen discrepancias entre las previsiones de la comunidad y las de la Airef, especialmente en déficit y regla de gasto.

Respecto a la deuda, se estima que la ratio deuda/PIB de Andalucía alcanzará el 19,6% al cierre del ejercicio, mostrando una leve mejora respecto al año anterior. La Airef finalmente recomienda al Ministerio de Hacienda activar medidas preventivas en relación con la comunidad autónoma.

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en caso de incumplimiento, el Gobierno puede formular advertencias a las administraciones responsables, lo que posteriormente puede llevar a la aplicación de medidas correctivas si no se adoptan las medidas necesarias para corregir el riesgo.