En Sevilla, el pasado 10 de noviembre, se materializó un paso significativo en la lucha contra la violencia de género con la firma de un convenio entre la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y Antonio Mingorance, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Esta alianza busca convertir las farmacias en refugios seguros para las víctimas que necesiten asistencia en situaciones de crisis, reconociéndolas como puntos de apoyo accesibles dentro de la comunidad.

El distintivo que se otorgará a las farmacias servirá como un símbolo visible de este compromiso. Las mujeres que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad podrán utilizar un producto específico para alertar al personal farmacéutico, quien a su vez podrá contactar con los servicios de emergencia mediante una llamada al 112. Esta iniciativa fue inaugurada en el Palacio de San Telmo y es un resultado directo de las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género, que se llevaron a cabo en junio.

Loles López subrayó la "importante implicación" de las farmacias a la hora de abordar este grave problema social, destacando su sensibilidad frente a la emergencia de la violencia de género. En este contexto, recordó el servicio de atención 900 200 999, un recurso esencial para las mujeres en Andalucía que buscan información y asistencia, especialmente aquellas que son víctimas de maltrato. La consejera mostró su entusiasmo por esta iniciativa que representa un nuevo recurso dentro de la red de atención a las víctimas.

El presidente del Consejo Andaluz, Antonio Mingorance, indicó que los farmacéuticos, por su rol como profesionales de la salud y su accesibilidad en cada rincón de Andalucía, se constituyen como aliados clave para las mujeres que sufren esta lacra. Mingorance reconoció el arraigo social de las farmacias comunitarias en barrios y pueblos, lo que las convierte en un recurso vital para ayudar a las víctimas a dar el paso necesario para denunciar a sus agresores. La violencia de género no solo afecta a las mujeres psicológicamente, sino que también tiene un impacto negativo en su salud física y mental.

En Andalucía hay aproximadamente 3,860 farmacias y alrededor de 11,000 farmacéuticos, de los cuales un 70% son mujeres, con una edad media de 49 años. El Consejo Andaluz destacó que las farmacias están ubicadas en lugares estratégicos, lo que permite que el 95% de los ciudadanos tenga una farmacia a menos de 200 metros de su hogar. Esta cercanía genera un vínculo especial entre las víctimas y los profesionales farmacéuticos, particularmente en áreas rurales donde la comunidad es más pequeña y unida.

La Junta de Andalucía recalca la importancia de transformar estos espacios en entornos seguros y de contención para las mujeres que sufren violencia de género. Al tener formación y un protocolo de actuación, los farmacéuticos no solo podrán identificar casos potenciales, sino también ofrecer un espacio de escucha y apoyo en momentos de gran vulnerabilidad, teniendo en cuenta que las víctimas suelen acudir a las farmacias buscando alivio para sus problemas de salud derivados de la situación que viven.

El convenio también contempla la implementación de un distintivo que señalará claramente las farmacias como lugares seguros para solicitar ayuda. Este elemento estará colocado en un lugar visible y servirá para que las mujeres, de manera discreta, reconozcan estos espacios como seguros. Además, se acordará cómo las mujeres puedan solicitar un producto que actúe de señal para que el farmacéutico realice la llamada a los servicios de emergencia 112, siempre garantizando la confidencialidad en el proceso.

Ante la necesidad de mantener este producto y su uso en secreto, López apuntó que la información solo se compartirá a través de colegios farmacéuticos, servicios sociales comunitarios, el Instituto Andaluz de la Mujer y asociaciones de mujeres. "La lucha contra la violencia de género requiere un esfuerzo unificado", enfatizó Loles López.

En su intervención, López también destacó el compromiso del Gobierno andaluz en erradicar este problema, al señalar que se están llevando a cabo políticas integrales que buscan mejorar y reforzar los servicios de atención a las víctimas, ampliar sus derechos y sensibilizar a la comunidad en su conjunto, a la vez que se trabaja en la prevención y coordinación necesaria para abordar este desafío social.

El compromiso de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad incluye proporcionar al Consejo Andaluz materiales de información y sensibilización sobre la violencia de género, así como realizar reuniones informativas de coordinación y diseñar acciones formativas específicas para el personal farmacéutico en esta materia vital.

Asimismo, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se compromete a ofrecer a sus usuarios materiales informativos sobre la violencia de género y recursos disponibles en la comunidad para la atención y protección de las víctimas. Esto incluye información sobre los Centros Provinciales de la Mujer y los Centros Municipales de Información a las Mujeres, que son esenciales en este tipo de intervenciones.

Finalmente, es importante destacar que los farmacéuticos participarán en acciones de formación y coordinación con la administración para mejorar su conocimiento y establecer pautas de actuación ante situaciones de violencia de género, lo cual implica un consenso sobre los procedimientos y tipos de respuesta a seguir en estos casos.

Este convenio se inspira en el arduo trabajo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, que ha colaborado con mujeres víctimas de violencia de género, reconocimiento que fue avalado por el Premio Meridiana adjudicado en marzo pasado por el Instituto Andaluz de la Mujer por su labor en difundir los recursos disponibles a través de las 500 farmacias de la provincia.

Esta iniciativa se suma a una red más amplia de apoyo para las víctimas de violencia de género, colaborando con comunidades de vecinos, el sector de la hostelería, el ocio nocturno, el Servicio Andaluz de Empleo y otros profesionales como abogados y personal penitenciario, entre muchos otros, que buscan crear un entorno seguro y de apoyo para quienes sufren esta injusticia.