El 23 de octubre en Sevilla, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) hizo un llamado de atención sobre los peligros de compartir imágenes de menores en redes sociales, en el contexto de un preocupante caso de acoso escolar en un colegio sevillano.

En respuesta a la divulgación de estas fotografías, la Fiscalía de Criminalidad Informática ha iniciado una investigación penal. Según el CAA, esta problemática ha cobrado relevancia tras detectar una publicación en la red social X, que incluía imágenes de las menores presuntamente implicadas como acosadoras. Ante esta situación, la Fiscalía ha solicitado a la plataforma que retire el contenido, debido a que se acompaña de mensajes amenazantes.

El CAA subraya que estos acontecimientos representan una nueva llamada de atención sobre el uso irresponsable de las redes sociales, que a menudo propician el estigmatización y la revictimización de los menores involucrados en situaciones de acoso.

El Consejo también ha enfatizado que la difusión de imágenes de menores sin el debido consentimiento es un delito, especialmente si están vinculadas a amenazas. Este delito está castigado por el artículo 169.2º del Código Penal, con penas que oscilan entre seis meses y dos años de prisión.

Además, el CAA advirtió que en estas situaciones de acoso, la publicación de contenido en redes puede tener severas repercusiones, como la invasión de la privacidad y el honor, la posibilidad de revictimización y un efecto dominó que puede intensificar el ciberbullying y otras formas de agresión, perpetuando así el ciclo de acoso.

Por este motivo, el Consejo instó a los ciudadanos a actuar con responsabilidad en el entorno digital y a promover un esfuerzo conjunto para prevenir y supervisar estas conductas perjudiciales.

En este contexto, el CAA reconoce la dificultad de regular el vasto espacio de internet, indicando que la colaboración entre entidades e instituciones es clave, y que la sociedad misma tiene un papel fundamental en esta misión.

Conscientes de esta realidad, el CAA ha sido pionero en unirse al Pacto Digital para la Protección de las Personas, colaborando con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entre otros. Además, forman parte del Grupo de Autoridades para la Supervisión de los Servicios de Comunicación Audiovisual (Gassca), en conjunto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y otros organismos reguladores.

Finalmente, el CAA reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los menores en el ámbito audiovisual y digital, trabajando hacia una cultura de seguridad, respeto y reparación dentro de un paisaje mediático omnipresente.