JAÉN, 6 de noviembre.

Un jurado ha emitido un veredicto unánime declarando culpable a un hombre de 36 años por el crimen de asesinato con alevosía, tras el macabro suceso que tuvo lugar en Alcalá la Real (Jaén) en febrero de 2021. El acusado admitió haber cometido el crimen motivado por un deseo de venganza, un rencor que nació de haber sido expulsado de la Iglesia de la Consolación, donde él utilizaba su condición de mendigo.

En solo tres horas, los nueve miembros del jurado, compuestos por siete mujeres y dos hombres, llegaron a la conclusión de que el acusado debía ser considerado culpable del asesinato del sacristán, a quien atacó con una navaja en un acto violento y premeditado.

El jurado se alineó con las argumentaciones del Ministerio Fiscal y desestimó las peticiones de la defensa, que alegaba problemas de salud mental del acusado como fundamento para una posible eximente o atenuante. En este sentido, los miembros del jurado consideraron que el acusado no actuó bajo un estado de enajenación mental y que, en su lugar, estaba plenamente consciente de sus acciones, a pesar de que padecía un “trastorno polimorfo de la personalidad” que, según su defensa, influía en su percepción de la realidad.

Los acontecimientos se desencadenaron cuando el sacristán le recordó al acusado que debía llevar puesta una mascarilla, de acuerdo con las normativas de salud vigentes en ese momento. Este llamado de atención fue interpretado por el imputado como una afrenta, lo que desencadenó su venganza violenta, porque, según el testimonio, se abalanzó sobre el sacristán propinándole brutalmente múltiples golpes.

Durante el ataque, el acusado, como quedó constatado por el jurado, extrajo una navaja que llevaba oculta en sus ropas y asestó numerosos navajazos al sacristán, provocándole heridas en casi todo el torso y en la cabeza, lo que le impidió defenderse en absoluto.

Las lesiones que sufrió el sacristán fueron tan severas que, conforme a los informes forenses, resultaron incompatibles con la vida. El diagnóstico final de su muerte fue shock hemorrágico-hipovolémico, causado por las múltiples y violentas heridas que le infligió el atacante.

La rápida identificación del agresor por parte de los testigos condujo a su arresto pocas horas después del crimen, y desde entonces el acusado había permanecido en prisión preventiva, con una prórroga de esta situación acordada en enero de 2023.

Los testimonios de quienes presenciaron el asalto revelaron que el acusado mantenía una calma inquietante durante el ataque, y solo cesó su agresión cuando alguien sugirió llamar a la Policía. Tras el acto, dejó el lugar "andando y tranquilo", lo que evidenció una preocupante falta de remordimientos.

El Ministerio Fiscal ha reiterado su demanda de una pena de 20 años de prisión, en tanto que la responsabilidad civil ha sido cuantificada en 40.000 euros, cantidad destinada al hermano del difunto. Por su parte, la defensa ha solicitado que el acusado sea ingresado permanentemente en un centro psiquiátrico tras el veredicto.

Finalmente, es importante señalar que a la pena que el jurado imponga se sumarán cerca de dos años de prisión que el acusado ya enfrenta, debido a una condena previa en 2019 por apuñalar a un compañero de piso en un altercado que resultó en lesiones graves. Esta condena había sido suspendida bajo la condición de que el imputado no delinquiría durante los dos años siguientes, un requisito que lamentablemente no ha podido cumplir.