En un significativo golpe a la delincuencia organizada, la Policía Nacional ha desmantelado una red criminal activa en toda España, tras la detención de 19 individuos en la provincia de Cádiz. Este grupo se especializaba en estafas electrónicas, haciéndose pasar por entidades bancarias y, en el proceso, causaron pérdidas económicas que rondan el millón de euros para sus víctimas en solo diez meses.

La operación policial se inició en octubre de 2024, a raíz de numerosas denuncias de ciudadanos que afirmaban haber sido víctimas de fraudes informáticos. A diferencia de estafas generales, estos criminales contaban con datos específicos y sensibles de sus blancos, como números de cuenta y DNI, lo que les permitió ejecutar sus engaños con alto grado de precisión.

Utilizando sofisticadas herramientas informáticas, los estafadores enviaban alertas masivas a través de SMS, informando a las víctimas sobre supuestos accesos no autorizados a sus cuentas. Bajo este pretexto, incluían enlaces que redirigían a páginas web que imitaban fielmente la apariencia de las plataformas bancarias originales, donde instaban a las víctimas a ingresar sus credenciales.

Una vez que las víctimas caían en la trampa y compartían su información, los estafadores procedían a realizar llamadas telefónicas, suplantando la identidad de los agentes de servicio al cliente de la entidad financiera. A través de un guión meticulosamente ensayado, lograban extraer información adicional de las víctimas, cada vez más sometidas a su manipulación.

Para reforzar sus engaños, enviaban un segundo mensaje que contenía los datos falsos de un gestor a quien supuestamente habían asignado para resolver el problema, logrando así ganar su confianza. La intensidad y la urgencia de la situación les llevaban a realizar transferencias, depósitos e incluso a contratar préstamos, siempre bajo el pretexto de prevenir delitos inminentes.

El modus operandi incluía la transferencia inmediata de los fondos obtenidos hacia cuentas lejanas o transformándolos en efectivo a través de transacciones en cajeros automáticos, contribuyendo así a la ocultación de los beneficios ilícitos y facilitando el blanqueo de capitales.

Durante la investigación, los agentes identificaron a hasta 40 miembros del grupo en una jerarquía estructurada. En la cúspide, el líder del grupo coordinaba las operaciones, mientras que su segundo al mando actuaba como teleoperador, engañando a las víctimas como un supuesto agente anti fraude. Los siguientes niveles incluían reclutadores que captaban “mulas” para facilitar las transacciones.

La red también utilizaba tácticas de intimidación para silenciar a quienes intentaban denunciarlos, aprovechando la información personal que poseían sobre sus víctimas.

En junio pasado, la Policía llevó a cabo tres registros en la provincia de Cádiz, donde se confiscaron 11 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, 32.000 euros, y una pequeña cantidad de criptomonedas. En la operación también se hallaron armas como una escopeta de perdigones y diversas armas de defensa personal, lo que refleja el nivel de violencia y amenaza que este grupo era capaz de ejercer.

Adicionalmente, se encontraron 20 identificaciones, la mayoría de las cuales habían sido sustraídas en locales nocturnos de Madrid, lo que revela la profundidad y sofisticación del crimen organizado. Las 19 detenciones realizadas están relacionadas con múltiples delitos, incluyendo pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y amenazas, planteando un claro desafío a las autoridades en materia de seguridad y protección ciudadana.