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El fiscal ratifica su solicitud de siete años de prisión para los líderes de UGT-A por malversación

El fiscal ratifica su solicitud de siete años de prisión para los líderes de UGT-A por malversación

En la jornada de hoy, la Fiscalía Anticorrupción ha reiterado su solicitud de siete años de prisión y una multa de 50 millones de euros para cada uno de los cinco ex altos cargos de la UGT Andalucía acusados de un presunto delito de fraude de subvenciones en concurso con falsedad en documento mercantil.

Los encausados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el ex secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.

El fiscal Fernando Soto reafirmó su petición de siete años de cárcel, multa de 50 millones de euros y una indemnización conjunta y solidaria de 40,7 millones de euros a la Junta de Andalucía. Además, solicitó que la responsable del departamento de Compras pague una cantidad adicional de 4,2 millones de euros.

Por otro lado, el fiscal también pidió tres años de prisión y multas para una decena de empresarios que alguna vez fueron proveedores de UGT-A, con indemnizaciones que van desde los 638 euros hasta el millón de euros. La acusación fue retirada en el caso del empresario Moisés Morillo y su entidad Viajes Macarena.

En sus argumentos durante la vista, el fiscal Fernando Soto señaló que el sindicato presuntamente instigó a sus proveedores a falsificar facturas para engañar a la Junta de Andalucía, creando un sistema de fraude en colaboración con ellos.

Se les imputa a los ex altos cargos de la UGT-A la creación de un esquema de facturas fraudulentas con los proveedores de la organización para obtener un beneficio económico a través de los fondos destinados a cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía.

Según el juez instructor del caso, Juan José Vélez, el monto total defraudado asciende a más de 40 millones de euros a partir de la documentación recopilada.

Además, durante el juicio, un extrabajador de UGT-A afirmó que el sindicato utilizaba el excedente económico obtenido de la diferencia entre las facturas infladas y los costos reales para solventar gastos no relacionados con las subvenciones recibidas.

Por su lado, el comandante de la UCO de la Guardia Civil que dirigió la investigación agregó que las empresas proveedoras hacían descuentos al sindicato por determinadas cantidades de compra, sin informar a la Junta de Andalucía sobre estos descuentos.

En sus declaraciones, Francisco Fernández Sevilla defendió las prácticas del sindicato, argumentando que el sistema de facturas infladas era parte del funcionamiento interno de las relaciones con los proveedores para cuadrar cuentas.

En resumen, el juicio ha puesto al descubierto una trama de presunto fraude que habría involucrado a altos cargos de la UGT-A y proveedores, generando un entramado de facturas falsas para obtener beneficios económicos indebidos a partir de subvenciones destinadas a cursos de formación en Andalucía.