El Parlamento de Andalucía ha tomado una decisión crucial para modernizar su sistema de climatización al adjudicar un contrato mixto que incluye la provisión, instalación y puesta en marcha de 41 unidades de aire acondicionado con bomba de calor, que funcionan mediante una innovadora tecnología de condensación por agua. Este cambio es fundamental para reemplazar unidades obsoletas que han sobrepasado su ciclo de vida útil y que utilizan un refrigerante nocivo, el gas R22, prohibido desde 2009 debido a su impacto negativo en la capa de ozono.
El contrato ha sido otorgado por un monto total de 161.401,90 euros, incluyendo el IVA, a una empresa local con sede en La Algaba, Sevilla, como se detalla en el anuncio oficial de adjudicación emitido el 22 de agosto. Esta acción subraya la importancia de apoyar a la economía local mientras se toman medidas para mejorar la sostenibilidad ambiental.
El objetivo del contrato es garantizar la sustitución de las 41 unidades de aire acondicionado ubicadas en el Parlamento de Andalucía y la Cámara de Cuentas, y comprende no solo el desmontaje de los equipos antiguos, sino también la instalación y puesta en funcionamiento de las nuevas unidades, conforme a los estándares técnicos establecidos en el pliego de prescripciones.
Según la memoria justificativa de esta contratación, la gran mayoría de los sistemas de aire acondicionado actuales han excedido con creces su vida útil, al punto de que encontrar repuestos en el mercado ya es prácticamente imposible. Este informe destaca cómo la antigüedad de las consolas de aire instaladas desde 2003 hace urgente su reemplazo.
Además, las unidades viejas contienen R22, un hidroclorofluorocarbono (HCFC) que está prohibido por el Reglamento CE 1005/2009 debido a su efecto perjudicial sobre la capa de ozono. La memoria justificativa enfatiza la necesidad de iniciar un proceso de sustitución progresiva por modelos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente que no utilicen HCFC.
La renovación de los aparatos está en marcha y comenzó con la adjudicación de 15 unidades en junio de 2023, cuya instalación se completará el 9 de enero de 2024. Actualmente se prevé sustituir un total de 208 unidades, de las cuales 41 son objeto de este nuevo contrato. El plazo de ejecución está establecido en 90 días hábiles a partir de la formalización del contrato, y contempla la instalación completa, junto con las pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.
Con respecto al financiamiento, se estipula que el coste total del contrato será compartido entre el Parlamento y la Cámara de Cuentas de Andalucía, de forma proporcional a las unidades que corresponde a cada institución. En concreto, 31 de las nuevas unidades se destinarán al Parlamento, y las 10 restantes a la Cámara de Cuentas, reflejando así una gestión eficiente de recursos en pro de la sostenibilidad y la modernización institucional.
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