El reciente Pleno del Parlamento andaluz ha sido escenario de un intenso debate, donde el Partido Popular de Andalucía (PP-A) logró la aprobación de una proposición no de ley que expresa su reprobación hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este rechazo se fundamenta en lo que consideran una "actitud indolente" frente al persistente problema del narcotráfico en la región. En esta votación, el PSOE-A se posicionó en contra, mientras que Vox respaldó la medida, en sintonía con la mayoría de los puntos de la iniciativa. Por su parte, los grupos de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía optaron por la abstención.

Los partidos de la izquierda manifestaron su desacuerdo con la mayoría de los aspectos presentados por el PP-A, pero no dejaron pasar la oportunidad de respaldar algunas de las enmiendas parciales que fueron integradas a la propuesta original, reconociendo así ciertos puntos que consideraron necesarios.

El Parlamento andaluz ha expresado su descontento con la gestión del ministro del Interior, aludiendo a "constantes incumplimientos" de los compromisos adquiridos con los cuerpos de seguridad, así como al sentido de abandono institucional que estos enfrentan en su labor diaria. Se emitió un claro mensaje sobre la creciente amenaza a la seguridad pública y la integridad física de estos agentes, argumentando que la falta de medidas efectivas está deteriorando los niveles de seguridad en la comunidad.

Además, se solicitó una crítica a la falta de colaboración del Gobierno de España en la investigación del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, poniendo de relieve la urgencia de una respuesta adecuada ante tales actos de violencia.

El PP-A ha instado al Gobierno central a que evidencie su compromiso firme en la lucha contra el narcotráfico, demandando una revisión de su enfoque sobre el orden público que, según argumentan, conlleva una escasez de apoyo institucional a las fuerzas del orden. Esta situación ha llevado a un aumento alarmante en las actividades del narcotráfico y ha puesto en riesgo a quienes trabajan para garantizar la seguridad.

Otro llamado destacado por el Parlamento es la necesidad de establecer un plan de "refuerzo policial y legislativo", que se elabore en diálogo con los cuerpos de seguridad, y que contemple una mejora en recursos, tanto humanos como tecnológicos, para hacer frente a la delincuencia de manera efectiva. También se ha enfatizado la importancia de contar con normativas que brinden seguridad jurídica a los agentes en su labor.

Se ha propuesto una modificación del Código Penal, específicamente en lo que atañe a la lucha contra el narcotráfico. Esta reforma incluiría, entre otras cosas, la penalización de las actividades de los 'petaqueros', que son aquellos que facilitan el transporte de combustibles para las embarcaciones que operan en el tráfico de drogas, con el objetivo de endurecer las sanciones vinculadas a estas prácticas.

La creación o restauración de unidades especializadas en la lucha antidroga, como la extinta OCON-Sur, también ha sido una solicitud clave, destacando la necesidad de que estas unidades cuenten con recursos adecuados y mandatos permanentes para operar en áreas de alta vulnerabilidad como el Campo de Gibraltar.

El Parlamento ha hecho eco de la grave situación que atraviesan provincias como Almería y Sevilla, donde se vive un aumento de la violencia vinculada al narcotráfico, haciendo un llamado urgente al Gobierno para que se tomen medidas que garanticen la seguridad en estas regiones. La falta de recursos, como helicópteros y embarcaciones aptas, ha sido determinada como un factor que agrava la situación para los cuerpos de seguridad.

Finalmente, la Cámara ha manifestado su apoyo a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, denunciando el abandono que sufren por parte del Gobierno español y reclamando su reconocimiento como profesión de riesgo, así como la igualdad salarial y mejores condiciones de jubilación.