24h Andalucía.

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El TC analizará esta semana la impugnación de Andalucía y otras comunidades autónomas al impuesto sobre grandes fortunas.

El TC analizará esta semana la impugnación de Andalucía y otras comunidades autónomas al impuesto sobre grandes fortunas.

El Tribunal Constitucional (TC) llevará a cabo esta semana en su Pleno el estudio del recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas. Esta medida también ha sido impugnada por la Junta de Andalucía. Además, se abordará la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) sobre la ley de financiación de partidos políticos, así como el recurso presentado por el Gobierno contra la ley del litoral gallego.

El tribunal se encargará de deliberar sobre la cuestión de inconstitucionalidad relacionada con el artículo 17 bis.2.b) de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, que establece que las sanciones por superar los límites de gastos electorales en un 10% o más no podrán ser inferiores a los 25.000 euros. El Tribunal Supremo solicitó esta revisión al considerar que podría vulnerar el principio de proporcionalidad y la prohibición de arbitrariedad.

El caso que originó esta cuestión fue el de la formación política "Sí se puede", que se presentó a las elecciones locales de 2019 en Santa Cruz de Tenerife y La Gomera y recibió una sanción por parte del Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, se abordará el recurso presentado por el Gobierno de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas. Este asunto se quedó pendiente en el Pleno anterior debido a la falta de tiempo.

Según fuentes jurídicas consultadas, la ponencia redactada por la magistrada María Luisa Balaguer, de tendencia progresista, propone rechazar el recurso presentado por el Gobierno de Madrid. Se espera que cuente con el apoyo de la mayoría de sus compañeros, lo que implicaría respaldar el nuevo tributo.

El borrador de la sentencia sostiene que la creación de este impuesto no supone una invasión de las competencias fiscales de las comunidades autónomas por parte del Estado. Además, destaca que las facultades autonómicas no pueden interpretarse de manera que neutralicen las estatales.

El Gobierno de Díaz Ayuso argumentó en su impugnación que este tributo podría vulnerar principios como la seguridad jurídica, la capacidad económica y el principio de no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.

Además de Madrid, los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia también han impugnado este impuesto. Tanto el Gobierno madrileño como la Junta andaluza solicitaron la suspensión cautelar de la aplicación del tributo, pero el Tribunal Constitucional lo denegó.

Hace aproximadamente un año, el Senado aprobó este impuesto. La medida fue incluida mediante una enmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos en la proposición de ley para establecer nuevos gravámenes temporales a empresas energéticas y al sector bancario.

El impuesto se aplica de la siguiente manera: un 1,7% para patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros, un 2,1% para patrimonios de entre 5,3 y 10,6 millones, y un 3,5% para patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.