ALMERÍA, 19 de diciembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha instado al Ayuntamiento de Carboneras a implementar una serie de modificaciones en su planeamiento urbanístico. Esta decisión surge del entendimiento del Tribunal de que, según la documentación proporcionada, no se ha llevado a cabo la sentencia que ordena declarar como "no urbanizables" los terrenos de El Canillar y El Algarrobico, donde se encuentra el controvertido hotel de Azata. El tribunal ha advertido al alcalde, Salvador Hernández (CS), sobre la posibilidad de enfrentar multas coercitivas si no se cumplen estas directrices.

En una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada ha solicitado que se envíe un oficio "urgente" al alcalde, instándole a realizar las acciones necesarias y a realizar cambios en el plan general del municipio, conforme a las observaciones planteadas tanto por Greenpeace como por la Junta de Andalucía. Estas entidades habían presentado alegaciones en respuesta al informe técnico que el Ayuntamiento remitió en agosto pasado.

La magistrada María del Mar Jiménez Morera, al emitir su resolución, ha ordenado que el alcalde presente informes a la Sala cada diez días sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las modificaciones solicitadas. Estas acciones son necesarias para clasificar los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables, en cumplimiento de la providencia judicial.

Además, se ha realizado una advertencia clara a Hernández, indicando que "cualquier dilación no justificada" podría resultar en la imposición de "multas coercitivas" y la posibilidad de remitir el caso a las autoridades judiciales para considerar si es necesario exigirle responsabilidad penal.

En ocasiones previas, el tribunal ya había advertido al alcalde de las posibles repercusiones, incluidas sanciones personales y el acercamiento a la Fiscalía en caso de incumplimiento de las acciones establecidas para desclasificar estos terrenos, tal como dictan las sentencias pertinentes.

Con respecto a este asunto, el tribunal también ha realizado varias aclaraciones sobre el ordenamiento, las cuales fueron señaladas por la organización ecologista y el Gobierno andaluz. Entre estas, se destaca la necesidad de eliminar la consideración de 'El Canillar' como suelo urbanizable vigente, así como diversas menciones relacionadas.

Por otro lado, se ha subrayado la importancia de que se publique la normativa urbanística "corregida" en cumplimiento de la sentencia, un aspecto fundamental para los demandantes, dado que el Ayuntamiento se limitó a incorporar el contenido de la sentencia en sus instrumentos técnicos sin dar la publicidad correspondiente en los boletines oficiales.

Desde Greenpeace, se ha calificado el incumplimiento de la justicia por parte del alcalde de Carboneras como "inaudito". Ocho años han pasado desde que se emitió la sentencia, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, que ordenaba la desclasificación de los terrenos como urbanizables.

Inés Díez, abogada de Greenpeace, ha expresado su preocupación y ha subrayado que "debería abrirse un procedimiento penal por un delito de desobediencia". Esta declaración se produce ante la falta de avances en el proceso que permitiría proceder a la demolición del hotel en cuestión.