SEVILLA, 18 de octubre. En un preocupante informe, la Fiscalía Superior de Andalucía ha revelado que durante el año 2024 se han iniciado 75 expedientes de reforma relacionados con el acoso escolar, un procedimiento judicial que aplica a menores de 14 a 18 años que supuestamente cometen un delito. La mayor parte de estos casos, un total de 62, se han registrado en Málaga, seguidos por Cádiz con seis, Jaén con cuatro y Huelva con tres. Sorprendentemente, Sevilla no ha presentado ningún expediente en este ámbito, a pesar de la reciente tragedia que ocurrió el 15 de octubre cuando una joven del colegio concertado Irlandesas Loreto, que había denunciado acoso, presuntamente se suicidó.

Según la memoria de la Fiscalía, que ha sido consultada por Europa Press, se indica que “la mayoría de los expedientes se resuelven a través de soluciones extrajudiciales”, una tendencia que se ha repetido a lo largo de varios informes. En su evaluación de la actividad del 2023, la Fiscalía mostró su gran preocupación por la situación del acoso escolar en la región.

En cuanto al caso de Sevilla, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha indicado que el colegio Irlandesas Loreto no activó el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, a pesar de que estaba obligado a hacerlo de acuerdo con la normativa vigente. La Consejería ha afirmado que proporcionará toda la información sobre el caso a la Fiscalía y abrirá un expediente administrativo para investigar posibles responsabilidades.

La Junta de Andalucía ha defendido la efectividad de sus protocolos frente al acoso escolar, subrayando que en el curso 2022/2023 se activaron 2.700 veces el protocolo de acoso en el sistema público Séneca; de estas, alrededor de 500 fueron finalmente confirmadas como casos de acoso. Esto revela una necesidad urgente de evaluar la efectividad de dichos protocolos y su implementación en los centros educativos.

El protocolo establece que cualquier miembro de la comunidad educativa que sospeche o tenga conocimiento de un caso de acoso tiene la obligación de reportarlo al personal correspondiente, ya sea a un profesor, tutor o miembro del equipo directivo. Asimismo, el receptor de la información debe notificar al director del centro para tomar medidas adecuadas.

Tras recibir una denuncia, el equipo directivo se reunirá con el tutor y los responsables de orientación para recopilar y analizar la información pertinente. Cualquier reunión sobre el asunto debe ser documentada, reflejando las acciones que se acuerden, además de informar a la Inspección de Educación si se determina que hay indicios de acoso escolar.

El protocolo también estipula que, si es necesario, se implementarán medidas urgentes para garantizar la seguridad del alumno agredido y prevenir más agresiones. Esto incluye apoyo específico para la víctima y acciones cautelares contra el presunto acosador.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación para revisar la aplicación del protocolo contra el acoso escolar en el contexto de la muerte de la joven que se lanzó desde su balcón en Sevilla. La Defensoría ha elevado su preocupación a la autoridad educativa, enfatizando la urgencia de actuar ante señales de acoso y violencia. “Es fundamental que los protocolos funcionen eficazmente”, ha enfatizado Maeztu.