En una sorprendente decisión, la Audiencia Nacional de España ha liberado a Firass Taghi, un presunto narcotraficante vinculado a la infame Mocro Maffia. Esta resolución se ha producido debido a que se superaron los plazos legales para llevar a cabo su extradición a los Países Bajos, la cual debía concretarse en agosto, pero se vio obstaculizada por un fallo judicial.

Según un auto de la Sala de Apelación de la Audiencia, al que tuvo acceso Europa Press, la entrega del acusado se hizo firme el 7 de agosto. A partir de esa fecha, existían diez días para efectivizar la extradición, plazo que no se cumplió debido a errores de procedimiento por parte del juez instructor.

La Fiscalía neerlandesa, que ya había comenzado los trámites para la extradición, expresó su confusión respecto al proceso que llevó a la liberación de Taghi el pasado verano, cuando fue detenido en Cádiz mientras intentaba abandonar Europa. Un portavoz de la entidad comentó que se está investigando cómo se produjo el error que permitió su liberación.

La prensa de los Países Bajos destaca que Firass Taghi, de tan solo 24 años, es familiar del notorio Ridouan Taghi, considerado el principal sospechoso del infame 'caso Marengo', un juicio de gran relevancia mediática que ha culminado en severas condenas para 17 individuos por delitos de narcotráfico y homicidio.

Taghi fue arrestado en Cádiz en el contexto de una compleja operación internacional relacionada con el tráfico de cocaína a través del puerto de Amberes. Su detención se produjo el 21 de junio de 2023, bajo una Orden Europea de Detención y Entrega.

La falta de acción para formalizar la extradición, sumada a la resolución del juez Santiago Pedraz, que mantuvo a Taghi en prisión preventiva el 3 de septiembre, complicó la situación. Pedraz tomó esta decisión ostensiblemente para garantizar la entrega del acusado.

La defensa de Taghi presentó un recurso argumentando que el procedimiento de Pedraz no cumplía con las formalidades adecuadas, además de que los plazos legales habían sido sobrepasados. La Sala de Apelación confirmó que la primera alegación de la defensa era válida, aunque consideró que el defecto se había corregido con su posterior dictado.

No obstante, los magistrados de la Audiencia Nacional subrayaron que el exceso en los plazos era irremediable, dado que la ley establece que la entrega debe ser efectuada por un representante de la autoridad española y debe completarse en un período de diez días tras la decisión judicial.

La ley también estipula que, si hay circunstancias que impidan cumplir con este plazo, las autoridades deben comunicarse inmediatamente para fijar una nueva fecha dentro de un nuevo plazo de diez días. Sin embargo, en este caso, los magistrados determinaron que los diez días se habían sobrepasado sin una justificación válida, lo que llevó a la aceptación del recurso y a la orden de liberación de Taghi.