La justicia ha hablado y ha decidido imponer penas severas en un caso que expone la gestión indebida de fondos destinados a la formación de trabajadores en Andalucía. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha dictado sentencia contra Francisco Fernández Sevilla, exsecretario general de UGT-A, quien ha sido condenado a tres años de prisión y una multa astronómica de 50 millones de euros. La naturaleza de su delito incluye la falsificación persistente de documentos mercantiles, así como el fraude de subvenciones, acusado de aplicar de manera consciente y engañosa una suma total de 40.620.256,43 euros, fondos que deberían haberse utilizado para cursos de formación dirigidos a desempleados y trabajadores, pero que fueron desviados para financiar actividades internas del sindicato.

El fallo, que ha sido dado a conocer a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), revela que el tribunal ha considerado como atenuante las dilaciones indebidas en el proceso judicial. Aparte de la pena privativa de libertad, Fernández Sevilla también se enfrenta a la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas, además de perder derechos relacionados con beneficios fiscales y de la Seguridad Social por un periodo de cuatro años y medio.

Pero la sentencia no se detiene en la figura de Fernández Sevilla. Tres de sus colegas en la cúpula del sindicato también han sido condenados a penas similares por su implicación en los delitos. Federico Fresneda, exvicesecretario general de administración de UGT-A; María Charpín, quien ocupó el cargo de secretaria de gestión económica; y Enrique Goicoechea, exconsejero delegado de la entidad Soralpe, enfrentarán la misma condena. Por otro lado, Dolores Sánchez, responsable del departamento de Compras de UGT-A, ha sido considerada cómplice y se le impone seis meses y dos días de cárcel, además de una multa de 25 millones de euros. También perderá la capacidad de acceder a ayudas y beneficios fiscales por un año y medio.

Desde el punto de vista de responsabilidad civil, el tribunal ha decidido que los cinco exdirigentes del sindicato deben indemnizar a la Junta de Andalucía de manera conjunta y solidaria en la cantidad total defraudada, situándose en los 40.620.256,43 euros. Se ha establecido que los cuatro condenados como autores del delito asumirán el 99% de esta cantidad, mientras que la condenada como cómplice deberá aportar el 1%, siendo responsable subsidiaria de hasta 4.288.707,74 euros. Además, UGT-A será considerado responsable civil subsidiario por el monto total mencionado.