SEVILLA, 14 de marzo.

La Fampa, la federación provincial que agrupa a las asociaciones de madres y padres de estudiantes en centros públicos, ha pedido la renuncia inmediata de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo. Este clamor surge tras las polémicas declaraciones del delegado provincial de Educación, Miguel Ángel Araúz, quien, después de un encuentro con padres de alumnos con necesidades educativas especiales, realizó comentarios considerados despectivos sobre las inquietudes de estas familias.

La Fampa ha calificado las afirmaciones de la consejera, emitidas en varios medios el 11 de marzo, como un "insulto directo" a las familias andaluzas. Castillo sugirió que el aumento de las necesidades educativas especiales se relaciona con el “factor vinculante” que implica que algunas familias solo tienen un hijo, lo que hace que "sus vidas giren en torno a este hijo o hija".

De acuerdo con la Fampa, tales declaraciones evidencian una alarmante falta de empatía y comprensión por parte de quienes deberían garantizar la calidad educativa en Andalucía. La organización recordó que es responsabilidad del gobierno regional proporcionar los recursos necesarios para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias, puedan acceder a una educación equitativa y de calidad.

Las familias, ya cansadas de ser ignoradas, señalan que la situación ha llegado a un punto de saturación. Afirman que las declaraciones de Araúz reflejan la postura del gobierno respecto al alumnado con necesidades educativas especiales. Según estas familias, permitir que ambos funcionarios se mantengan en sus puestos es incompatible con el respeto y la dignidad que ellos y sus hijos merecen.

Asimismo, exigen un compromiso claro que se traduzca en políticas educativas centradas en las reales necesidades del alumnado. Esto incluye la atención adecuada tanto en clases ordinarias como específicas, la incorporación de profesionales calificados, y la reducción de ratios en el aula, pasos cruciales para garantizar una educación inclusiva y de alta calidad.

La polémica ha trascendido al ámbito del Parlamento, donde diversos grupos de la oposición han solicitado la dimisión de Araúz por sus comentarios. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido que existe un mayor número de alumnos con necesidades educativas especiales y ha afirmado que se están destinando 590 millones de euros a la Educación Especial en 2025, un aumento del 74% respecto a 2018, el último año de gestión socialista. Esta declaración sugiere un intento de abordar las necesidades crecientes del sector educativo, aunque las familias han dejado claro que aún queda mucho por hacer.