El 8 de marzo, en la capital española, la administración del Gobierno de España ha reafirmado que el Ministerio de Defensa está al tanto de la situación que enfrenta el personal español que trabaja para la empresa Louis Berger Aircraft Services en la Base Naval de Rota, en Cádiz. El Ejecutivo ha destacado que, en reiteradas ocasiones, ha expresado a las autoridades estadounidenses su inquietud acerca de la falta de actualización del convenio colectivo que afecta a los empleados de esta instalación aeroportuaria.

En respuesta a una pregunta planteada por el grupo político Sumar en el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha indicado que ha facilitado, a petición de ambas partes involucradas, encuentros con el objetivo de lograr una resolución ágil y en beneficio del interés colectivo.

Por otro lado, se ha informado que el almirante al frente del Arsenal de Cádiz ha mantenido reuniones, siempre que ha sido requerido, con representantes de la política local, así como con la dirección de la empresa y los trabajadores, conociendo de primera mano sus demandas y manifestando el compromiso del Ministerio de Defensa en favorecer un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Este órgano seguirá tratando la situación en todos los foros pertinentes.

Asimismo, respecto a esta situación mencionada por Sumar, se ha recordado que el personal que opera en Louis Berger Aircraft Services se dedica primordialmente a funciones de manejo en la plataforma destinada a uso norteamericano en el aeropuerto de Rota. Este personal no participa en tareas relacionadas con aeronaves de las Fuerzas Armadas españolas ni en las maniobras de despegue y aterrizaje de aeronaves, ya sean españolas o estadounidenses.

Por lo tanto, la seguridad operacional del aeropuerto no se ve comprometida por la falta de actualización del convenio colectivo de estos trabajadores. Los empleados de LBAS están clasificados en el anexo 6 de dicho convenio como "personal civil empleado por el contratista", lo que significa que son contratados directamente por la empresa, sin vínculo jurídico-laboral con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ni con el Ministerio de Defensa español.

En este contexto, el Gobierno ha dejado claro que no tiene capacidad para intervenir en el proceso de negociación laboral del convenio colectivo de LBAS, y que esta responsabilidad recae en los representantes de los trabajadores y la empresa o asociaciones empresariales involucradas.

Finalmente, el Gobierno ha apuntado que la delegación de competencias en materia laboral ha sido transferida a las comunidades autónomas, incluidas las funciones de mediación o arbitraje que las partes podrían solicitar en caso de controversias, lo que subraya la complejidad de la situación.