Greenpeace ha interpelado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que notifique a la Fiscalía los incumplimientos del Ayuntamiento de Carboneras (Almería), que ha desatendido en dos ocasiones las solicitudes de la Sala para demostrar que el Plan General de Ordenación Urbana en vigor cumple con la sentencia que obliga a clasificar el lugar donde se encuentra el hotel de Azata como "suelo no urbanizable" y de "especial protección".

La organización ecologista ha informado sobre la falta de respuesta a los requerimientos emitidos el 8 de mayo y 10 de junio al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (de Ciudadanos), a quien la Sala advirtió sobre la posibilidad de intervenir la Fiscalía por un posible acto de desobediencia si no cumplía con las peticiones.

En un nuevo documento al que Europa Press ha tenido acceso, Greenpeace destaca la segunda vez que se vence el plazo otorgado al Ayuntamiento de Carboneras para presentar el plan urbano vigente que demuestre la restauración de la protección del suelo sin que haya evidencias de ello.

"A nuestro criterio, es necesario informar a la Fiscalía para que considere si se ha cometido un presunto delito de desobediencia", expone la organización conservacionista ante la falta de respuesta a los dos fallos emitidos por el tribunal andaluz.

Además, resalta que el proceso para cumplir con la sentencia y lograr que El Algarrobico sea calificado como "no urbanizable" en el plan general de Carboneras lleva "tres años de gestión" y todavía se encuentra "exactamente igual que en 2021".

En este sentido, vuelven a reclamar la "ejecución forzosa" de la sentencia de 2016 que ordena restablecer la legalidad de los terrenos protegidos tanto en El Algarrobico como en Canillar, ambos en el municipio.

En un comunicado motivado por el primer incumplimiento, la Sala emitió una "clara advertencia" al alcalde de Carboneras, señalando que, si persistía en el incumplimiento de la solicitud acordada y no explicaba las razones por las que no podía cumplir, el caso sería remitido a la Fiscalía para determinar una posible responsabilidad penal por un presunto acto de desobediencia.

En esta misma resolución, el TSJA solicitó a la Junta de Andalucía que informara sobre el estado de la gestión pendiente en la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en relación con los terrenos, ya que figuran como "urbanizables" en la web de consulta de planes urbanísticos y territoriales, según informó Greenpeace.

En respuesta a este tema, el Gobierno andaluz se refirió a las sentencias de la TSJA para afirmar que el área ya se considera "no urbanizable" al estar clasificada como suelo rústico protegido por la legislación ambiental desde 1994.

En su respuesta al documento, la Junta señaló que, aunque la denominación específica pueda variar en la ley del suelo de Andalucía, "nunca podrá ser utilizada para la construcción de un hotel, por lo que la licencia es inválida en su totalidad".

El argumento presentado por el Gobierno andaluz sobre la protección de los terrenos resulta insuficiente para Greenpeace, que sostiene que el único instrumento efectivo para garantizar la condición de "no urbanizable" de los terrenos es el Plan General de Ordenación Urbana.

En esta línea, Greenpeace destacó en un comunicado anterior que la autoridad competente para aprobar definitivamente la modificación de un Plan General de Ordenación Urbana es la Consejería en base a un decreto aprobado en febrero de 2014 por el Consejo de Gobierno de la Junta, solicitando que se inicie dicha modificación ya que ambos sectores "debieron ser clasificados como zonas protegidas hace 30 años".