ÁVILA, 6 de mayo.

Las autoridades judiciales en Ávila han comenzado a investigar posibles irregularidades en la prisión de Brieva, donde se alega que algunos funcionarios podrían haber mantenido relaciones sexuales con Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2019, a cambio de concederle acceso a un teléfono móvil.

De acuerdo con los informes obtenidos, el juzgado número 4 de Ávila ha estado evaluando este caso desde hace cerca de un año, centrando su atención en un posible delito de cohecho que implicaría a ciertos empleados de esta instalaciones penitenciarias. Este escándalo ha ido ganando atención mediática y pone en evidencia las condiciones dentro de la cárcel de mujeres.

Los testimonios de un educador del centro coinciden con los de cuatro internas, entre ellas la actual pareja de Quezada. Se ha indicado que la condenada habría tenido encuentros sexuales no solo con personal de la prisión, sino también con el cocinero, y que podría haber grabado estos actos con el teléfono que, supuestamente, le proporcionaron para extorsionar a la dirección del penal a fin de lograr su traslado a otra ubicación en Barcelona.

La directora del centro, Laura Pérez, en uno de sus informes, menciona tener acceso a información crucial sobre la interna a través de un educador. "La interna afirma tener un teléfono móvil con varias grabaciones, incluida una en la que aparece un funcionario en su celda", se detalla en el documento proporcionado por la directora, lo que añade más gravitas a la situación que se vive en la penitenciaría.