El trágico accidente ocurrido el pasado 17 de abril de 2024, que resultó en la muerte de una joven de 25 años tras colisionar su vehículo con dos caballos sueltos en la carretera entre Rociana del Condado y Bonares, ha sacado a la luz preocupantes irregularidades relacionadas con la custodia de animales. Un informe elaborado por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil ha determinado que la responsabilidad recae en el propietario de los animales, quien ya ha sido citado a juicio por su aparente negligencia.

De acuerdo con las informaciones obtenidas por Europa Press, el abogado de la acusación, José Luis Orta, ha solicitado una pena de cuatro años y medio de prisión por el cargo de homicidio imprudente en su grado más grave, además de seis meses adicionales por lesiones a la madre de la víctima. Se destaca que el investigado tenía antecedentes de incumplimiento en la regulación de la guarda y custodia de sus animales, lo que genera serias dudas sobre su capacidad para manejar el cuidado de los mismos.

Las investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden implicaron la búsqueda exhaustiva de la procedencia de los caballos involucrados en el accidente y las circunstancias que llevaron a su presencia en la carretera. En un hallazgo relevante, los agentes encontraron una finca, a tan solo 400 metros del lugar del suceso, que presentaba condiciones de abandono y un cercado inef eficaz que no cumplía con su función de contener a los animales.

Se descubrió que esta propiedad pertenecía al investigado, quien aparentemente se dedica a la cría y explotación de equinos y que, en ese momento, se encontraba ausente en la Feria de Sevilla. Durante el proceso, se identificó a los animales mediante microchip, revelando que estaban registrados a nombre de una sociedad en Madrid, cuyo representante corroboró que los caballos habían sido transferidos al actual propietario. Sin embargo, este último negó su responsabilidad inicial antes de admitir finalmente su vínculo con los animales tras un periodo de silencio.

El informe policial determina que los caballos se encontraban libres y sin supervisión, lo que llevó a su irrupción en una vía vehicular, desencadenando el fatal accidente que costó la vida a una joven. Se subraya que, a pesar de que los animales fueron adquiridos en 2021, el propietario no había completado la transferencia legal correspondiente, lo que resalta la falta de seriedad en su compromiso hacia el cuidado de los animales.

Además, se señala que los animales habían permanecido sin atención adecuada durante varios días, lo que, sumado a un cercado ineficaz, los condujo a escapar y generar el peligroso escenario que culminó en el accidente en una carretera muy transitada, especialmente en esta época del año debido a la actividad agrícola.

El informe concluye que el comportamiento del investigado refleja una negligencia extrema y una falta de responsabilidad respecto a sus obligaciones como propietario de animales. Se hace hincapié en que ha habido múltiples incidentes previos que evidencian un patrón de descontrol que pone en riesgo la seguridad pública.

El abogado de la acusación ha enfatizado que la gravedad de este caso supone un claro ejemplo de homicidio imprudente de carácter grave. La legislación contempla penas severas que podrían ascender a cuatro años de prisión, aunque, a pesar de ello, ninguna sanción podría compensar la pérdida irreparable de una vida joven y prometedora. Este suceso no solo pone en cuestión la responsabilidad individual, sino también la necesidad de una mayor regulación y control en el manejo de animales para prevenir futuros incidentes trágicos.