GRANADA, 15 de abril. - El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha decidido avanzar hacia el juicio oral del exjuez Manuel Piñar, quien enfrenta acusaciones de odio por presuntos comentarios discriminatorios dirigidos a comunidades migrantes y minorías étnicas que publicó en su cuenta de Facebook desde el año 2022. Aunque Piñar ha negado estas acusaciones durante el proceso judicial, el caso ha generado un gran interés público.

Según documentos consultados por Europa Press, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional del caso, pero el juicio se llevará a cabo en un Juzgado de lo Penal cuyo nombre aún no ha sido determinado. La situación pone de relieve las circunstancias complejas que rodean este asunto legal, que ha captado la atención por sus implicaciones sobre la responsabilidad de los jueces en su vida pública.

Este proceso legal se origina a partir de una denuncia presentada por Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas, quien ahora actúa como parte acusadora junto a la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional. Se han solicitado penas significativas, incluyendo 18 meses de prisión, una multa de 6.600 euros y la inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio pasivo durante el periodo de condena.

A pesar de que la Fiscalía ha demandado el archivo del caso, el juez de instrucción ha decidido reabrir un plazo de tres días para que se presente una acusación formal, si así se considera apropiado. Esta decisión resalta la delicada línea entre la libertad de expresión y las responsabilidades éticas de los magistrados.

Desde el equipo de Aránguez Abogados han emitido un comunicado en el que defienden que la apertura del juicio oral en contra de Piñar abre un discurso crucial sobre la ética judicial y los límites que deberían existir en la libertad de expresión, especialmente en figuras públicas con gran influencia social.

Además, han alegado que su acusación se sustenta en pruebas sólidas, tales como declaraciones de seguidores en Facebook, actas que confirman la continuidad de las polémicas publicaciones del magistrado, así como grabaciones donde Piñar no niega de forma categórica su autoría en los comentarios cuestionados.

En diciembre pasado, el juzgado ya había decidido procesar a Piñar, quien continúa afirmando que es víctima de una “persecución” por parte del sistema judicial. Sin embargo, la Audiencia de Granada reabrió el caso tras examinar sus publicaciones, concluyendo que algunas contenían "expresiones despectivas" hacia grupos étnicos y raciales, lo que podría constituir un incitación al odio.

Por lo tanto, la Audiencia revocó la decisión inicial del juez instructor y solicitó pruebas adicionales para aclarar la veracidad de las publicaciones y su impacto en la comunidad. Posteriormente, Piñar denunció a tres magistrados de la Audiencia con acusaciones de prevaricación, pero su denuncia fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que subrayó que no es suficiente con sentirse agraviado para iniciar un proceso penal.