GRANADA, 30 de octubre. Esta mañana, Juana Rivas ha acudido al edificio judicial de la Caleta de Granada para enfrentar una nueva declaración en el proceso que la investiga por la presunta sustracción de su hijo pequeño. Este caso surge tras la denuncia presentada por su expareja, quien afirma que el menor no regresó a Italia tras pasar las vacaciones de Navidad con su madre en Maracena.

Rivas llegó acompañada de su abogado, Carlos Aránguez, y rodeada de un grupo de periodistas. A su entrada a los juzgados, indicó que se encuentra “tranquila” ante este nuevo desafío legal que está siendo llevado a cabo por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada.

La situación de Juana no es nueva; en 2016 fue condenada por sustracción de menores luego de que huyera de Italia con sus dos hijos. En esa ocasión, justificó su acción asegurando que escapaba de un entorno de maltrato. Posteriormente, en 2017, permaneció en paradero desconocido junto a sus hijos durante un mes.

Después de un largo proceso legal, el Tribunal Supremo redujo su pena de cinco años a dos años y medio, y en 2021, el Gobierno le concedió un indulto parcial, bajo la condición de que no cometiera el mismo delito en un período de cuatro años. Dado que esta reclamación llegó tras la publicación del real decreto en el BOE, los abogados de Rivas advierten que cualquier nueva condena podría poner en peligro este indulto.

A través de un comunicado, los representantes legales de Rivas expresaron su frustración al ver que, casi diez años después, su cliente se enfrenta nuevamente a la misma acusación. La situación resulta aún más confusa ya que el expareja, Arcuri, se encuentra bajo juicio por presuntos abusos hacia sus hijos. Según sus abogados, el “error original de no tramitar correctamente la denuncia de 2016 ha llevado a este laberinto judicial incomprensible”.

Ellos subrayan que Gabriel, uno de los hijos mayores, ha perdido su infancia y solo pudo escapar del maltrato al alcanzar la edad de 16 años, eligiendo vivir con su madre en España. A sus 18 años, relató el sufrimiento que había experimentado.

Sobre el hijo menor, Daniel, los abogados de Rivas lamentan que solo haya sido escuchado una vez en el ámbito judicial español. En Italia, es el principal testigo en un caso por maltrato contra su padre, lo que pone de relieve la falta de coordinación entre los sistemas judiciales de ambos países, permitiendo una situación que resulta excepcional y preocupante.

Este error en la estrategia legal también ha permitido que este nuevo proceso judicial se centre en lo más importante: la protección de los menores. Rivas ahora tiene la oportunidad de presentar pruebas contundentes que demuestran la violencia física y psicológica que su hijo ha sufrido por parte de Arcuri.

Los abogados han expresado que, tras cumplir con lo necesario para poder argumentar en defensa de Juana, solicitarán el archivo del caso, enfatizando que su única intención es proteger a su hijo.

La historia de este caso también incluye un giro reciente relacionado con la autoridad judicial. A principios de este año, la Corte de Apelación de Cagliari había ordenado el regreso de Daniel a su padre, quien tiene la custodia. Sin embargo, el equipo legal de Rivas presentó medidas cautelares, argumentando que el menor estaría en “grave riesgo” debido a las acusaciones contra su padre por maltrato.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada accedió a suspender la entrega del menor, teniendo en cuenta el testimonio del niño, que fue considerado “serio y convincente” por la magistrada Susana Álvarez Civantos, quien priorizó su protección bajo el marco del Convenio de La Haya.

A pesar de que el juzgado inicialmente archivó la denuncia de Arcuri, la Audiencia Provincial revocó esta decisión en julio, ordenando la reapertura del caso para llevar a cabo las diligencias pertinentes.