La controversia en torno a Juana Rivas sigue generando atención, especialmente tras su condena a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el complicado verano de 2017. Ahora, su defensa ha comunicado una nueva y preocupante revelación que podría agravar la situación de la expareja de Rivas, Francesco Arcuri. Según los abogados de Rivas, la Fiscalía italiana ha decidido proceder penalmente contra Arcuri, a quien se le acusan de maltratar a los hijos que comparte con Juana.

En un informe divulgado el pasado martes, los letrados Carlos Aránguez, Juan de Dios Ramírez y Francisca Granados, han confirmado que el 14 de noviembre, la Fiscalía de Cagliari, encargada de investigar los hechos relacionados con Arcuri, ha concluido su indagación. Esta investigación ha resultado en un procesamiento formal de Francesco Arcuri por presunto abuso de sus hijos, Gabriel y Daniel Arcuri Rivas, quienes, según el comunicado, han sido víctimas de violencia física, vejaciones, insultos y amenazas de manera habitual.

Los abogados han subrayado la alarmante situación de Daniel, el hijo menor, quien se ve forzado a permanecer en Carloforte bajo la custodia de su padre, a pesar de la grave denuncia en curso. No obstante, la sentencia de Casación aún no se ha ejecutado, ni se han implementado medidas cautelares para garantizar su protección. Por su parte, Gabriel, ya adulto a sus 18 años, ha tomado la valiente decisión de acudir a la Fiscalía General de Cagliari, donde ha expresado de forma contundente su preocupación por la capacidad de su padre para manejar su agresividad e ira, describiendo a su hermano menor como en un “gran peligro”.

La defensa de Juana Rivas ha manifestado su intensa preocupación ante esta problemática. Los letrados han declarado que es inaceptable que un menor esté obligado a seguir viviendo con su padre en un contexto donde se ha abierto un proceso penal por maltrato y donde las investigaciones han demostrado pruebas suficientes que justifican la imputación de Arcuri. Esta alarmante situación exige atención inmediata y acción judicial para garantizar la seguridad de los menores involucrados.