Granada, 23 de octubre. La Fiscalía de Andalucía, cuya sede se encuentra en Granada, ha tomado la decisión de abrir una serie de investigaciones tras recibir una avalancha de denuncias que apuntan a fallos en la atención sanitaria en relación con los cribados de cáncer de mama. Este gesto pone de relieve preocupaciones por un supuesto "mal funcionamiento" en el modelo de asistencia integral para el cáncer de mama en la región.

En respuesta a estas denuncias, la Fiscalía ha solicitado información a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Quiere conocer los detalles sobre las denuncias presentadas, así como las medidas que se han adoptado para compensar a las mujeres afectadas y evitar que situaciones similares ocurran en el futuro, según se detalla en un comunicado oficial.

Las quejas provienen de diversas organizaciones, incluida la Asociación Del Defensor del Paciente, que ha complementado sus inquietudes con casos específicos de mujeres afectadas, junto con apoyos de Adelante Andalucía e Izquierda Unida. Este clamor colectivo resalta un problema alarmante en el acceso a una atención médica adecuada.

El Defensor del Paciente ha instado a la Fiscalía a actuar contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), acusándolo de "negligencia en sus funciones". Según sus declaraciones, esta inacción ha puesto en "grave riesgo" a las mujeres, quienes podrían enfrentar un deterioro de su salud, incluyendo la posibilidad de perder sus senos debido a la falta de atención oportuna y adecuada por parte de la Junta de Andalucía.

En la documentación enviada a la Fiscalía, se señala que cualquier programa de detección y prevención debe ejecutarse de manera rigurosa, sin excusas ni dilaciones. "El incumplimiento en estas iniciativas no solo genera sufrimiento, sino que también encarece nuestra sanidad pública", enfatiza la Asociación Del Defensor del Paciente. La consejera ha hecho un llamado a todas aquellas mujeres que pudieran estar en esta situación para que se pongan en contacto con el SAS y puedan acceder a un tratamiento prioritario.

Desde Izquierda Unida, han presentado formalmente una denuncia por lo que consideran "graves fallos" en el sistema de cribado de cáncer de mama, atribuyendo responsabilidad a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta, entre ellos Rocío Hernández, la actual responsable.

En su denuncia, fechada el 6 de octubre, se apuntan indicios de múltiples delitos, incluyendo "homicidio imprudente por omisión" y "lesiones imprudentes". El argumento central es que los problemas en la gestión sanitaria han llevado a una falta de seguimiento en los casos identificados como "no concluyentes" o "dudosos" en el programa de detección.

La falta de diagnóstico temprano ha sido (según afirman asociaciones como Amama) una de las principales causantes de que el cáncer de mama haya avanzado en algunos casos hasta provocar fallecimientos. "El diagnóstico tempranero es crucial, ya que afecta directamente a las tasas de supervivencia y el tratamiento efectivo", recalcan desde estas organizaciones, subrayando que la responsabilidad recae en la gestión de la Consejería de Salud y Consumo.

Asimismo, se argumenta que cualquier retraso o descuido en la gestión de resultados no concluyentes en el cribado representa una grave falta de diligencia en la administración pública de salud. La denuncia sugiere que el fallecimiento de una mujer que no haya recibido el seguimiento adecuado podría ser considerado un homicidio imprudente según las leyes vigentes.

Respecto a las "lesiones imprudentes", se expone que la omisión de seguimiento adecuado ha puesto en riesgo la salud de estas mujeres, prolongando la posibilidad de diagnósticos y tratamientos oportunos, que de haberse aplicado a tiempo, habrían requerido procedimientos mucho menos invasivos.

Desde Adelante Andalucía, se han hecho eco de estas afirmaciones y han solicitado que se investiguen los hechos bajo la premisa de posibles delitos como lesiones imprudentes graves y homicidios imprudentes, así como la dejación de funciones del servicio público, citando artículos del Código Penal que respaldan su reclamación.

Esta denuncia ha sido dirigida no solo a la actual consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, sino también a su predecesora, Catalina García, la viceconsejera María Luisa del Moral y la gerente del SAS, Valle García, reflejando así una profunda preocupación por la gestión de la salud pública en Andalucía.