SEVILLA, 11 de julio. En un contexto donde la gestión del agua se vuelve cada vez más crítica, la Junta de Andalucía ha destinado más de 17 millones de euros en esta legislatura para hacer frente a la falta de depuración de aguas. De este total, 8,5 millones corresponden únicamente al proyecto Málaga Norte. Ante el riesgo de sanciones por incumplimientos normativos, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha puesto en marcha una modificación de la actual Ley de aguas, cuyo anteproyecto ya se encuentra en fase de consulta pública.

Después de quince años de vigencia de la normativa actual, surge la necesidad de actualizar las leyes para abordar los retos que enfrenta Andalucía en la gestión del agua, un recurso vital para la población, la industria y la agricultura. Así lo plantea el documento de consulta pública al que ha tenido acceso Europa Press, subrayando la urgencia de adaptarnos a las nuevas realidades y exigencias del entorno hídrico.

La Consejería, bajo la dirección de Ramón Fernández-Pacheco, argumenta que la reforma de la Ley de aguas es fundamental para mejorar el funcionamiento de la administración del agua en la región. La propuesta busca no solo simplificar los procesos administrativos, sino también eliminar trámites innecesarios que obstaculizan una gestión más eficiente y efectiva de los recursos hídricos.

El objetivo de la nueva normativa es proporcionar a la Junta de Andalucía las herramientas necesarias para una gestión del agua que sea integral, sostenible y responsable. De igual manera, se pretende cumplir con los compromisos adquiridos ante la Unión Europea y evitar sanciones relacionadas con posibles incumplimientos en materia de gestión hídrica.

La experiencia acumulada durante quince años ha evidenciado fallas en la legislación actual que complican la respuesta a las exigencias impuestas por la normativa europea, la creciente complejidad de la planificación de recursos hídricos y la presión sobre estos recursos. Es fundamental asegurar un suministro de agua que cumpla con estándares de calidad y seguridad tanto para la ciudadanía como para las actividades económicas.

La reforma presentada se considera especialmente pertinente en un momento donde se deben cumplir los compromisos relacionados con la política de aguas a nivel europeo, evitando así cualquier procedimiento sancionador por fallos. Además, se busca contar con herramientas normativas más efectivas para planificar, financiar y ejecutar infraestructuras hidráulicas, incluyendo la colaboración con entidades locales y supramunicipales. Avanzar hacia un modelo de gestión basado en la transparencia, la gobernanza, la sostenibilidad y la eficiencia es imperativo, así como también la necesidad de facilitar y agilizar los procedimientos administrativos vinculados a la gestión del agua.