SEVILLA, 17 de junio.

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en Andalucía, ha generado un fuerte debate hoy al cuestionar la integridad de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en medio del escándalo por el presunto cobro de comisiones en su ministerio. Durante la comparecencia en comisión parlamentaria, Sanz se preguntó retóricamente quién estaría dispuesto a respaldar a Montero, quien había expresado anteriormente su confianza en Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE que acaba de dimitir.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, Sanz ha descrito a Montero como una figura política "chamuscada y casi hundida", sugiriendo que su tiempo en el cargo podría estar llegando a su fin. En su intervención, instó a que la ministra presentara su dimisión al considerar que las implicaciones del llamado 'caso Koldo' la colocan en una posición comprometida.

El consejero argumentó que la situación actual deja a Montero ante dos opciones: ser vista como "cómplice" o "encubridora" de las presuntas irregularidades relacionadas con su exnúmero 3, lo que podría significar una posible financiación irregular del PSOE en Andalucía. Esta inquietud se amplía a la percepción pública, que se pregunta quién está dispuesto a "poner la mano en el fuego" por ella bajo estas circunstancias.

En el contexto de la defensa de los derechos de los andaluces, Sanz aseguró que la Junta de Andalucía siempre estará dispuesta a actuar en protección de sus ciudadanos, enfatizando la intención de llevar hasta el final cualquier procedimiento judicial en el que estén comprometidos los intereses de la comunidad.

Desde las filas socialistas, Mario Jiménez, diputado del PSOE-A, arremetió contra el Gobierno del PP-A, acusándolo de utilizar los recursos legales de la Junta en beneficio exclusivo de sus intereses políticos. En este sentido, criticó la negativa de la Audiencia Provincial de Sevilla para permitir que la Junta se personara nuevamente en el caso de los ERE, remarcando la urgencia de que el partido político asuma sus responsabilidades.

Jiménez expresó su indignación ante la situación actual y afirmó que los socialistas no se rendirán a pesar de la controversia en el 'caso Koldo'. Acusó a la Junta de intentar manipular el sistema legal y de no actuar con coherencia en la causa que se instruye en Cádiz sobre el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud.

A lo largo de la discusión, la retórica se intensificó con Jiménez señalando la "derrota" que representa para la Junta la negativa de la Audiencia de Sevilla a permitir su personación en el caso ERE. Denunció que la estrategia del Gobierno ha sido un intento de "cacería política" en contra de personas honradas, obrigação a Sanz a responder por sus acciones.

En relación a su papel en el caso de los ERE, Jiménez instó a Sanz a aclarar la contradicción de haber firmado una solicitud de personación mientras él mismo fue denunciante de la causa. Este planteamiento dejó claro que el PSOE está comprometido a investigar cualquier intento por convertir el gabinete jurídico de la Junta en una herramienta personal al servicio de intereses políticos.

Desde la bancada de Vox, Ricardo López Olea expresó la preocupación de que la democracia en España se encuentra en riesgo debido a los escándalos de corrupción que rodean al PSOE. Sostuvo que el gobierno central actual está empleando las instituciones para consolidar su poder, lo que representa un desafío a la integridad democrática del país.

Por su parte, José Antonio Delgado, diputado de Por Andalucía, propuso que tanto el PSOE como el PP deberían comenzar esta comisión pidiendo disculpas por los numerosos casos de corrupción que han perjudicado al país. Indicó que la falta de acción del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante la corrupción interna destaca una doble moral, al tiempo que critica el uso instrumental de la personación de la Junta como una herramienta al servicio de su agenda política.