HUELVA, 9 de diciembre. En un contexto de creciente preocupación por la conservación del Parque Nacional de Doñana, la Junta de Andalucía ha reafirmado su compromiso en el monitoreo y solución de los problemas derivados del uso de insumos agrícolas en esta valiosa área. Este enfoque ha sido respaldado por recientes investigaciones, como la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), presentada en julio, que ofrece un marco para guiar las acciones que se deben implementar.

El Consejo de Gobierno de la Junta se pronunció en un reciente comunicado en respuesta a las preguntas planteadas por Por Andalucía, un partido que ha manifestado inquietudes sobre las acciones del gobierno regional relacionadas con la investigación de pesticidas prohibidos en Doñana. A través de este interrogante, se buscaba aclarar las estrategias concretas que se están ideando para erradicar estos compuestos tóxicos del ecosistema del parque y las medidas que se adoptarán para evitar que se repitan casos de contaminación ambiental.

En este sentido, el Consejo de Gobierno indicó que el uso de productos prohibidos en la agricultura debe ser estrictamente sancionado; sin embargo, también advirtió que no sería justo estigmatizar a un sector agrícola que, en su mayoría, opera dentro de la legalidad y muestra un notable compromiso con la sostenibilidad y la preservación de la biodiversidad.

Además, se destacó la extensa trayectoria de la Junta en cuanto a la reducción del empleo de productos fitosanitarios. Un indicador notable de este esfuerzo es la expansión de la agricultura integrada, especialmente en el cultivo del arroz, así como el aumento de prácticas agrícolas ecológicas en la región.

El estudio realizado por el CSIC, que puso de manifiesto que el Parque Nacional de Doñana enfrenta serios problemas desde hace más de diez años debido a la sequía, también subrayó una grave preocupación relacionada con la calidad del agua. Se identificó la presencia de fitosanitarios tanto en Doñana como en Tablas de Daimiel, lo que plantea un desafío adicional a la conservación de estos ecosistemas.

Los hallazgos del estudio revelan que, en años recientes, los problemas vinculados a la agricultura intensiva han impactado negativamente en áreas protegidas, poniendo en riesgo la fauna silvestre. Los resultados muestran que la contaminación por fitosanitarios es generalizada, y en el caso de Doñana, los niveles detectados son alarmantemente superiores. También se destacó que se han encontrado varios pesticidas que la Unión Europea prohibió para uso agrícola desde 2009, tanto en muestras de agua como en sedimentos.

En respuesta a estos hallazgos, la Junta de Andalucía afirmó que el análisis del CSIC servirá para afinar y mejorar dos líneas de acción: por un lado, la implementación de medidas que favorezcan el seguimiento, corrección y reducción del uso de productos legales en el entorno protegido, y por otro, la investigación y acción decidida contra la utilización de productos prohibidos, con la colaboración estrecha de las fuerzas de seguridad del Estado.

La Junta también planteó que la detección de pesticidas prohibidos en los sedimentos podría atribuirse a la persistencia de estos compuestos en el medio ambiente, mientras que los residuos hallados en muestras de agua podrían sugerir un uso más reciente. Además, el estudio abarca una variedad de más de cien productos, algunos legales y otros prohibidos, que se identificaron en años recientes, precisando que algunos estaban en uso legal en 2021, fecha en que se llevó a cabo la investigación.

Asimismo, se matizó que el uso de productos fitosanitarios se realiza fuera de las áreas protegidas, pero que sus efectos pueden repercutir en estos ecosistemas a través de la circulación natural del agua. Es importante señalar que la fauna, particularmente las aves, puede alimentarse en las zonas de cultivo, lo que aumenta la posibilidad de contaminación a través de la cadena alimentaria.

Finalmente, la Junta resaltó la significativa presencia de prácticas de agricultura ecológica y agricultura integrada en el área de Doñana. Reconoció su responsabilidad al comprender que todos los pesticidas, incluidos los que son legales, pueden afectar al entorno natural. Por ello, enfatizó que Doñana y otros parques nacionales son espacios donde estos estudios son esenciales para detectar actividades ilegales y mitigar cualquier eventual incidencia que los productos permitidos pudieran causar en los ecosistemas locales.