El 11 de julio en Huelva, la Fiscalía ha decidido dar por concluida la investigación iniciada contra Manuel Barroso, alcalde de Cartaya y miembro del Partido Popular. La denuncia fue interpuesta por Izquierda Unida (IU) y la asociación La Carpa, quienes afirmaron que Barroso podría haber incurrido en un delito de odio tras la publicación de dos vídeos donde afirmaba que su localidad, junto con otras, enfrentaba un "problema muy grave" relacionado con "la inmigración ilegal". En sus declaraciones, Barroso mencionó que había personas durmiendo en espacios públicos y acusó a algunos inmigrantes de dedicarse únicamente a acciones delictivas.

El contexto de estas explosivas afirmaciones surgió tras un incidente violento en un establecimiento cartayero, donde el propietario fue agredido con un cuchillo por un ladrón. Posteriormente, el atacante fue detenido por la Guardia Civil.

Como consecuencia, la denuncia fue enviada al fiscal que se ocupa de los delitos de odio, quien abrió una investigación. Sin embargo, la Fiscalía decidió archivar el caso al concluir que las acciones y palabras de Barroso no se podían clasificar como un delito de odio, una decisión que fue anticipada por el diario digital Huelva24.

La asociación La Carpa, a través de su presidente Alfonso Romera, expresó su decepción en las redes sociales por el archivo de la denuncia. Según Romera, los abogados consultados vieron evidencias claras de un delito de incitación al odio en las afirmaciones del alcalde.

Izquierda Unida también presentó su denuncia, argumentando que Barroso estaba vinculando erróneamente la inmigración con la inseguridad en la comunidad. Además, criticaron la exhibición de un arma blanca en un pleno municipal, momento en el cual el alcalde relacionó la inmigración con el aumento de la criminalidad.

En un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, Barroso se mostró "indignado" tras el asalto y reafirmó que tanto su pueblo como otros lugares enfrentaban serios problemas relacionados con la inmigración ilegal. Sostuvo que muchas de estas personas estaban cometiendo delitos, a la vez que destacó que su municipio sufría las consecuencias en términos de servicios como la sanidad y la educación. Sus declaraciones generaron un clima de desesperación entre los ciudadanos, quienes, según él, temían por la seguridad de sus hijos.

A pesar de ofrecer una crítica a algunos inmigrantes que delinquen, el alcalde también destacó que había muchos migrantes que venían a contribuir positivamente a la sociedad cartayera, quienes deberían ser bienvenidos. Sin embargo, dejó claro su rechazo a aquellos que solo traen problemas.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, no se quedó callada ante las declaraciones de Barroso. Expresó su "firme rechazo" a lo que consideró discursos irresponsables que vinculan la presencia de inmigrantes con la delincuencia en el municipio. Para Rico, estas afirmaciones no solo eran xenófobas, sino que carecían de fundamento en la realidad y los datos criminales.

Barroso, sin embargo, no tardó en responder a las críticas de la subdelegada mediante otro vídeo, donde insistió en que no era xenófobo y acusó a Rico de ser negligente en su deber en asuntos de seguridad. En este nuevo clip, también mostró un cuchillo que supuestamente había sido confiscado a un inmigrante ilegal, demandando cambios en la ley para abordar la situación de quienes cruzan las fronteras de manera irregular.

Tales acciones no pasaron desapercibidas para IU, que condenó la exhibición del arma durante el pleno municipal y las ideas alarmistas que se transmitieron al público. El portavoz de IU, Calderón, denunció que el comportamiento del alcalde fomentaba el miedo y el odio en la sociedad, un acto que puede tener consecuencias devastadoras en el tejido social de la comunidad. Además, resaltó la creciente ola de declaraciones incendiarias que se han producido, generando un clima de alarma social que ha sido criticado por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.