SEVILLA, 6 de noviembre. La Fiscalía de Menores en Sevilla ha llamado a declarar, como testigos perjudicados, a los padres de Sandra Peña, una niña que trágicamente se quitó la vida, presuntamente debido al acoso escolar que sufrió. Esta información ha sido confirmada por Isaac Villar, tío de la familia.

La familia de la pequeña se unió ayer, 6 de noviembre, a una manifestación frente al Congreso de los Diputados, convocada en el contexto del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Junto a otras familias que también han perdido a hijos a causa del bullying, expresaron su descontento por el aparente abandono por parte de las autoridades, demandando acciones concretas y respuestas.

Isaac Villar ha destacado la falta de aplicación de los protocolos de acoso escolar en el centro educativo al que asistía su sobrina. Aunque reconoce que no se puede establecer con certeza si llevar a cabo esos protocolos podría haber cambiado el destino de Sandra, afirmó que sí hubieran sido necesarias medidas proactivas para intentar prevenir la situación.

En el marco del debate sobre la creación de una ley integral que aborde el acoso escolar, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, publicó en una entrevista que estos diálogos deben ser conducidos con “serenidad”. Resaltó que es crucial la participación de todos los involucrados, incluidos los docentes y las familias, en la búsqueda de soluciones.

Castillo enfatizó que la educación debe ir más allá de los contenidos académicos y centrarse en instilar valores fundamentales como el respeto, la empatía y la comprensión en nuestras futuras generaciones.

Con la citación de los padres de Sandra, la investigación sobre lo ocurrido continúa. La Policía Nacional ha entregado a la Fiscalía de Menores un informe sobre el acoso que sufrió la menor en su escuela, el Irlandesas Loreto, un detalle que han confirmado fuentes policiales.

Es importante señalar que el Ministerio Público está llevando a cabo dos investigaciones distintas sobre el suicidio. Una de ellas examina la posible implicación de otras menores en el acoso que sufrió Sandra, mientras que la otra evalúa la responsabilidad de los administradores del colegio en este lamentable suceso.

En este contexto complejo, la Fiscalía ha solicitado la eliminación de ciertas imágenes de redes sociales que identifican a tres menores como supuestas acosadoras en este caso, mediante la unidad especializada en Criminalidad Informática.

El caso de Sandra ha resonado a nivel nacional, desencadenando el 28 de octubre una movilización masiva de estudiantes en numerosas ciudades españolas. Esta protesta, organizada por el Sindicato de Estudiantes, fue convocada para exigir el fin del bullying en las aulas, con participación en 55 ciudades durante una huelga estudiantil.

Mientras tanto, la dirección del colegio concertado ha instado a la cautela y responsabilidad en torno a la situación, a la espera de que concluyan las investigaciones relacionadas con el suicidio de Sandra. Es relevante mencionar que tanto la niña como su familia habían alertado en múltiples ocasiones sobre el acoso que padecía, y sin embargo, el protocolo de actuación no fue activado por el centro educativo.