CÓRDOBA, 9 de noviembre.

Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida (IU), ha expresado su apoyo a las manifestaciones que se llevarán a cabo este sábado en varias ciudades andaluzas, incluyendo Sevilla, Málaga y Cádiz, además de las localidades gaditanas de Tarifa y La Línea de la Concepción. Estas protestas tienen como objetivo visibilizar las crecientes dificultades de acceso a la vivienda, impulsadas por los altos precios y el impacto negativo de las viviendas de uso turístico. Maíllo ha afirmado que IU cuenta con un “plan” para abordar y combatir estas problemáticas que afectan a la población.

Durante un encuentro con militantes de IU en Córdoba, Maíllo destacó la importancia de reconocer la vivienda como un derecho humano fundamental. Subrayó la necesidad de desafiar la noción predominante de la vivienda como una mera inversión financiera, argumentando que debe considerarse un derecho esencial, al igual que el acceso a alimentos, empleo y democracia, para asegurar una vida digna para todos.

El coordinador de IU también enfatizó la relevancia de las protestas que se llevarán a cabo en diversas ciudades de Andalucía, que buscan exigir a las autoridades soluciones efectivas a la crisis de la vivienda. Maíllo reiteró que la propuesta de IU incluye la construcción de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible, así como la necesidad de ralentizar y, en ciertos casos, paralizar el fenómeno de los pisos turísticos. Según él, estas propiedades han contribuido a la disminución de la oferta de alquiler disponible, lo que a su vez ha impulsado el aumento de los precios en el mercado residencial.

Asimismo, Maíllo hizo hincapié en la inversión del Estado en políticas de vivienda desde 1980, señalando que se han gastado alrededor de 200.000 millones de euros. Sin embargo, argumentó que de esta cantidad, 160.000 millones han sido destinados a desgravaciones fiscales, lo que ha llevado a una falta de adquisición y planificación en la construcción de viviendas. De acuerdo con las estimaciones de IU, se requiere la promoción de dos millones de nuevas viviendas protegidas con el fin de lograr una reducción en los precios de alquiler y asegurar que las personas más vulnerables tengan acceso a opciones habitacionales asequibles.